El procurador socialista por Segovia David Rubio pidió ayer a la Junta de Castilla y León un nuevo modelo de financiación y cooperación económica con las entidades locales, basado en un reparto “con criterios objetivos y claramente transparentes”.
De este modo se conseguiría, dijo, que exista una verdadera autonomía municipal. “Igual que existe una financiación establecida a través de los tributos del Estado, la autonomía municipal debe quedar reflejada en una independencia desde el gobierno regional”, apuntó Rubio, que estimó que de este modo se puedan realizar inversiones que no precisen de estar coparticipadas, dada la situación de crisis financiera que sufren los ayuntamientos.
Según el procurador, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, se comprometió en “el Debate del Estado de la Comunidad de 2009, a poner en marcha la reforma de la Ley de Régimen Local y la Ley de Cooperación Económica Local”. Sin embargo, “aún no se han aprobado ninguna de estas dos normativas, necesarias para que la financiación local y la concesión de ayudas y subvenciones sean efectivas para cubrir las necesidades de nuestras entidades locales”, criticó.
Mientras el PSOE pide que la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) participe en la resolución de las convocatorias de subvenciones y ayudas a las entidades locales. También considera necesario que se elabore un proyecto de Ley de Transferencia de Competencias a las Entidades Locales.
Sobre este último apartado, Rubio recordó que la Ley de Transferencias de “determinadas” competencias, aprobada en junio del año pasado, adolecía de importantes errores, que vaciaban de contenido los traspasos previstos, “como cuando hablaba de “hogares de jubilados”, en lugar de auténticos Centros de Día para personas mayores”. Además, “no se han formado siquiera las comisiones mixtas para el traspaso de competencias a las entidades locales”.
Por otra parte el procurador cree que la Consejería de Justicia e Interior debe denominarse de Administración Territorial y Protección Ciudadana para dedicar su actuación a las entidades locales, a su financiación, al desarrollo de la Ley de Protección Ciudadana y a la protección de consumidores y usuarios.
