El PSOE llevará este miércoles ante la Comisión de Empleo del Congreso los despidos de la empresa pública Tragsa, con la intención de que se inste al Ejecutivo a dar marcha atrás en el expediente de regulación de empleo (ERE) y que se apruebe un nuevo plan empresarial. Según la iniciativa socialista, las condiciones económicas que el grupo público alegaba en 2013 para justificar el despido colectivo no se dan en la actualidad, ya que las pérdidas reales son apenas la mitad de las que se preveían entonces, e incluso 2015 podría haberse cerrado en positivo.
Por eso, instarán al Ejecutivo a “manifestar que la ejecución del procedimiento de despido colectivo en el grupo es profundamente perjudicial” tanto para el empleo como para la capacidad del Estado de ejecutar ciertos compromisos de obras y servicios. Además, reclaman que se impida la ejecución del ERE del grupo, de propiedad 100% pública, y exigen que la dirección convoque una mesa de diálogo con los representantes de los trabajadores para poder acordar un nuevo plan empresarial en el que se “incremente la capacidad de producción y empleo” de las compañías.
Los socialistas critican asimismo que, frente a la “voluntad negociadora demostrada” por los trabajadores, la estructura directiva no haya mostrado siquiera una disposición a sumarse al “esfuerzo” que necesitaba el grupo y que durante estos años haya seguido cobrando “cifras astronómicas” en concepto de primas por objetivos.
A principios de febrero, la dirección de Tragsa dio por finalizado el ERE, tras reducir el número de trabajadores afectados en un 58%, hasta las 555 personas, el 5% de la plantilla total. El Tribunal Supremo había autorizado hasta 1.336 despidos al entender que el recorte de personal era ajustado a Derecho dado que concurrían las causas económicas, organizativas y productivas que la Ley establece y que se negoció de buena fe por la empresa.
