El grupo socialista en la Diputación pedirá hoy a través de una moción, que la institución provincial y la Junta de Castilla y León firmen el convenio de la sequía. El portavoz socialista, José Luis Aceves, que compareció ayer en rueda de prensa con el viceportavoz Joaquín Quiñones, recordó que durante los últimos años ambas administraciones firmaban el mencionado convenio, por el que se financiaban pequeñas obras de infraestructura hidráulica necesarias para el abastecimiento de agua potable a los ciudadanos de los pueblos de la provincia y los gastos correspondientes a la aportación de agua embotellada o mediante cisternas en aquellos núcleos con problemas de cantidad o calidad del agua para consumo humano.
Aceves explicó que en el año 2011 “la Junta decidió no firmar dicho convenio, a pesar de que la necesidad de la renovación de los mismos se justificaba en la precaria situación de varios municipios de la provincia que sufrían y sufren problemas en el abastecimiento de agua potable y que, como alternativa, tienen que ser abastecidos con camiones cisterna o agua embotellada”. En su opinión, “la solución a los problemas de abastecimiento por los que atraviesan muchos de los núcleos no puede estar sujeta a esperar que las lluvias sean abundantes y se rellenen los acuíferos. En muchas localidades el problema es crónico y se remonta a años atrás, por el nivel de contaminación de arsénicos, nitratos, fluoruros u otros componentes químicos”.
El portavoz socialista subrayó que su grupo “siempre ha estado al lado de los municipios afectados y sus ciudadanos”. Además añadió que para paliar las consecuencias económicas que traía aparajedas la finalización de los convenios de sequía, la Junta publicó una orden el 10 de noviembre de 2011, concediendo una subvención por valor de 96.448 euros para la provincia de Segovia, que serviría para abonar las facturas hasta el 31 de octubre de 2011. La subvención estaba destinada a financiar el 50 por ciento de los costes de suministro de agua con camiones cisterna o agua mineral embotellada, correspondiendo otro 25 por ciento a la Diputación, y otro 25 a los ayuntamientos afectados. En este sentido, Aceves afirmó que desde el 31 de octubre de 2011 han transcurrido casi doce meses, “en los que la Diputación y los ayuntamientos han tenido que hacer frente en solitario a los costes derivados del suministro de agua potable en las localidades necesitadas, sin recibir las aportaciones del 50 por ciento de la factura que hasta el año pasado venía sufragando la Junta con cargo al convenio, por lo que ya no quedan excusas para la Junta en este caso que le compete”.
Revisión de los precios de los Avant
El viceportavoz del grupo socialista, Joaquín Quiñones, anunció ayer que plantearán otra moción en el pleno provincial para instar a Renfe Operadora a revisar su política de precios de los Avant, con medidas para los bonos y las tarifas, que permitan un mejor aprovechamiento.
El PSOE confía en lograr el apoyo del PP, reconociendo que desde la llegada de la alta velocidad ferroviaria a Segovia, los servicios de conexión con Madrid y Valladolid han ido adaptándose, “casi siempre a golpe de reivindicación de usuarios, instituciones y sectores sociales de Segovia, hasta configurar en la actualidad una oferta digna, pero que presenta todavía campos de mejora en cuanto a precios y franjas horarias de prestación”.
Después de estos casi cinco años, desde el grupo socialista entienden que “los datos de explotación acumulados sobre los flujos de viajeros de la línea, pueden permitir valorar con mayor precisión las posibilidades de satisfacer las demandas que siguen planteando, sobre todo las personas que necesitan desplazarse a las capitales de España y de la Comunidad con una mayor frecuencia, ya sea por motivos laborales, formativos, de salud o de cualquier otra índole”.
Joaquín Quiñones explicó que buena parte de los viajeros más habituales están demandando una revisión de los precios y una mayor flexibilidad en los títulos de viaje de las lanzaderas, que posibiliten el mayor aprovechamiento de los bonos”.
Las reivindicaciones se centran en dos cuestiones principalmente: la revisión de los precios cuya evolución ha sido exponencial, con incrementos anuales muy superiores a los del IPC, y en la mejora de las condiciones de disfrute de los bonos, ya que éstas han ido empeorando, restándoles atractivo al obligar a usarlos en un periodo de tiempo que no guarda coherencia con las necesidades y ritmos de desplazamiento de los usuarios.
