El portavoz socialista en Justicia en el Senado, Arcadio Díaz Tejera, defenderá la próxima semana una moción en el Pleno de la Cámara Alta en la que planteará una enmienda a la totalidad a la “nefasta política” del exministro Alberto Ruiz-Gallardón en materia de Justicia y propondrá a su sucesor un bloque de iniciativas para corregir los efectos de su gestión y combatir más eficazmente la corrupción.
El senador por Gran Canaria exigirá derogar la polémica Ley de Tasas, rectificar la reforma de la ley de justicia universal, defender la ley de plazos del aborto de 2010 y retirar la reforma del Código Penal así como el proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita que se encuentra en tramitación parlamentaria.
Además, reclamará que se paralice la Ley de modificación del Poder Judicial, que se convoquen nuevas plazas judiciales hasta alcanzar la media europea como “garantía del ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva y de lucha contra la corrupción”, además de dotar a través de los presupuestos a los juzgados con medios humanos y materiales suficientes.
Díaz Tejera denunció la “manipulación engañosa” del Gobierno de decir que va a crear 300 plazas de jueces cuando eso es “profundamente falso” y lo cierto es que estos magistrados ya están trabajando, lo único que no tienen un destino fijo asignado. Dicho esto, instó al actual ministro, Rafael Catalá, a aclarar públicamente qué leyes retirará o si solo se dedicará a suprimir los “aspectos más duros y escandalosos” de las reformas de Gallardón.
En este sentido, emplazó a Catalá a dejar a un lado la “ambigüedad” y dejar de “jugar a la distracción y a las palabras vacías” porque la Justicia y el Estado de Derecho no pueden seguir estando en el aire. Según dijo, el nuevo ministro se ha encontrado con que su antecesor dejó un “paisaje judicial arrasado tras tres años de gestión, con profesionales desmotivados, con una ciudadanía con menos derechos y con un sistema judicial profundamente deteriorado”.
“Se trata de evaluar la presente situación de la justicia en España y la conclusión que podemos sacar es muy negativa”, valoró Díaz Tejera, sobre la “criminalización” de ciudadanos en el nuevo Código Penal o la idea del Gobierno de “quitar el derecho a decidir a las mujeres”, que gracias a la presión social se consiguió frenar.
