Después de las palabras del pasado lunes del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, sobre la modificación de la ley del aborto, en donde anunciaba que la futura norma no se regirá por el actual sistema de plazos y que el peligro en la vida de la madre deberá acreditarse, el Partido Socialista no ha tardado en responder amenazando al Gobierno y a la Iglesia con denunciar el Concordato con la Santa Sede. Así lo adelantó ayer la visecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, quien afirmó que su partido recusará el acuerdo entre la Iglesia Católica y el Estado español en el caso de que el Ejecutivo decida modificar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) para «limitar la libertad de las mujeres».
En declaraciones a los medios de comunicación tras asistir a un desayuno informativo con el primer secretario del PSC, Pere Navarro, Valenciano denunció que «parece que los obispos y el PP se han vuelto a poner de acuerdo para cercenar la decisión de las féminas», algo que, según lamentó, no es «nada nuevo», porque «en esto siempre han ido de la mano».
La dirigente progresista se refirió así a las declaraciones que hicieron tanto el presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, como el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. El primero reclamó una «reforma urgente» de la norma sobre el aborto y el matrimonio homosexual, y el segundo anunció que la actual ley de plazos se sustituirá por un «sistema de indicaciones» en el que se prohibirá el aborto eugenésico por discapacidad del feto y donde el peligro sobre la salud física o psíquica de la mujer deberá acreditarse.
En este sentido, Valenciano dejó claro que los socialistas no van a «consentir que a estas alturas la Iglesia siga imponiendo su moral al conjunto de la ciudadanía».
A la pregunta de cómo llevaría a cabo el PSOE dicha denuncia, Valenciano indicó que se trataría de un «pronunciamiento en el Parlamento» en el que se exigiría al Ejecutivo un cambio en los acuerdos con el Vaticano, algo que, según recordó, ya adelantó el secretario general del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando resultó elegido en el Congreso de Sevilla del año pasado.
Por su parte, representantes de asociaciones Provida aplaudieron ayer la reforma anunciada por Gallardón, aunque insistieron en que «es posible llegar a una norma de aborto cero en España».
El director general del Foro Español de la Familia, Ignacio García Juliá, indicó que «hay que ser prudentes hasta que esté el texto escrito», pero aseguró que las palabras del ministro indican que el nuevo borrador supondrá una «reducción drástica del número de abortos». También destacó el «cambio de matiz» que supondrá la futura norma respecto a la actual.
Por su parte, la portavoz de la plataforma Derecho a Vivir, Gádor Joya, subrayó que «un Ejecutivo con mayoría absoluta no debería regatear en salvar vidas humanas», en referencia a una legislación de cero interrupciones.
«El Congreso es el que dicta las leyes».- El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, recordó que en un Estado de Derecho es el Parlamento el encargado de elaborar las leyes, y no los obispos, que han pedido derogar la ley del aborto y el matrimonio homosexual. Alonso cree, además, que «seguramente» a la Conferencia Episcopal no le va a gustar la reforma en la que trabaja el Ejecutivo actualmente sobre la Ley de Aborto de 2010, en la línea de la doctrina de 1985 del Tribunal Constitucional (TC). «España es una democracia avanzada, con un marco de instituciones y, las leyes las hace el Parlamento, los obispos opinan y la Constitución la interpreta el TC», detalló.
Así, afirmó que el PP es «muy respetuoso» con la doctrina de la Justicia, al tiempo que insistió en que lo que «siempre» defendieron los populares es que el Gobierno iba a devolver la Ley del Aborto a ese principio de 1985, «de la que se había alejado la norma por una decisión unilateral del PSOE en la anterior legislatura».
