Poco importa que el Tribunal Constitucional aguara sus planes al aplazar por enésima vez su pronunciamiento sobre el Estatut catalán, porque el PSC tenía muy claro desde hace meses que, con sentencia o sin ella, ha llegado el momento de demostrar a sus votantes que no es lo mismo que el PSOE y que no comparte el inaceptable españolismo de Zapatero.
Así, de espaldas a una realidad que ni siquiera se ha producido, pero al olor de las autonómicas de otoño, el presidente de la Generalitat, el cordobés José Montilla, desafió nuevamente a sus jefes de Ferraz para echarse en brazos de los nacionalistas, a quienes aspira a sustituir en las preferencias de los electores, y pactar con el líder de CiU, Artur Mas, que el Parlament de la región mediterránea inste al Tribunal Constitucional (TC) a declararse incompetente para resolver el recurso presentado por el PP que cuestiona el texto autonómico.
Así lo establece la propuesta de resolución que PSC y convergentes acordaron y que, apenas pocas horas después de ser filtrada, fue desautorizada de plano por el teórico jefe de los socialistas, José Luis Rodríguez Zapatero, quien descartó toda censura al Constitucional, y mucho más una posible declaración de incompetencia, puesto que, a su parecer, no se puede criticar al alto tribunal porque varios de sus magistrados lleven más de dos años en situación de interinidad. Además, el inquilino de Moncloa exigió el «máximo respeto» a la decisión que en algún momento de un futuro que no se antoja inmediato pueda adoptar la instancia sobre el Estatut, porque no puede «abdicar» de su responsabilidad.
«Al Tribunal Constitucional, lo que es del Tribunal Constitucional, y al Parlamento, lo que es del Parlamento», proclamó Zapatero en el Pleno del Senado en respuesta al parlamentario de CiU Jordi Vilajoana, quien, en un anticipo de lo que exige su acuerdo con el PSC, reclamó la renovación de los jueces interinos y solicitó además que el organismo se inhiba en el recurso sobre el Estatut tras cinco votaciones fallidas.
Quizá desbordado por la rebeldía de su sucursal catalana, Zapatero ni siquiera quiso pronunciarse sobre el acuerdo alcanzado entre Montilla y Mas, y, en un previsible capotazo dialéctico, se limitó a recalcar que los partidos deben ser «extraordinariamente fieles al espíritu y la letra de las reglas constitucionales» y dejar trabajar al Tribunal, «cada uno en su papel».
No opina lo mismo su compañero Montilla, que acordó por teléfono con la coalición los términos de una ofensiva que obligará a los socialistas a plegarse a la tiranía catalana o a romper definitivamente amarras con el PSC, al menos hasta los comicios de otoño.
El pacto, presuntamente logrado en interés de Cataluña y, desafortunadamente, una vez más al margen de los intereses del conjunto del Estado, se aprobará en el Pleno del Parlament que comienza hoy mismo y plantea la defensa de la constitucionalidad del Estatut, insta al alto tribunal a declararse incompetente para dictar sentencia, y plantea que tripartito y CiU presenten en el Senado una propuesta de reforma de la Ley Orgánica que regula la instancia judicial, sin excluir que próximamente pueda llevarse dicho requerimiento también al Congreso.
Llama la atención que, pese a que Montilla habló en todo momento del «tripartito» al exponer los detalles del frente catalán, lo cierto es que ni siquiera sus socios de ERC están dispuestos a firmar.
Los republicanos justificaron la negativa por «coherencia», puesto que defienden que tal iniciativa debe ser responsabilidad de los partidos que apoyaron el Estatut en 2006, es decir, PSC, CiU e IU. Cabe recordar que entonces ERC votó en contra de la ley regional por considerarla insuficientemente soberanista, lo cual acabó con la salida del Govern de todos los consellers republicanos y la convocatoria de elecciones anticipadas por parte del entonces president, Pasqual Maragall. Huelga añadir que, poco tiempo después, ERC volvió presurosa a las poltronas del poder regional.
Quizá por esa desmedida afición al poder, los separatistas se apresuraron a dejar claro que, pese a no firmar la propuesta, están dispuestos a apoyarla cuando se vote en las Cortes regionales.
