El sector ganadero en general atraviesa desde el segundo semestre de 2010 una de las situaciones más delicadas en los últimos años, como consecuencia tanto de la subida de los precios de las materias primas para la alimentación animal, como de los descensos de los costes en origen. Las producciones ganaderas en su conjunto suponen el 32% del valor de la producción total agraria, pero el buen comportamiento de otras explotaciones agrícolas, como los cereales, dieron lugar a un comportamiento positivo de la renta agraria en el último año con un repunte casi del 7%.
La difícil situación de los subsectores ganaderos, tras muchos meses de demandas ante la Administración, se tradujeron en un paquete de medidas de apoyo o plan de choque a corto, medio y largo plazo. Este estudio, algunos de cuyos puntos afectan no solamente a las explotaciones ganaderas, sino al conjunto del sector agrario, se presentó en los primeros días del pasado mes de marzo. Hoy, a tres meses de aquellas fechas, se podría concluir que se ha tratado de un plan de choque casi inexistente, totalmente insuficiente y, además, bloqueado en la propia Administración. Ante un problema reconocido como grave oficialmente, no tiene sentido que el mismo haya estado durmiendo el sueño de los justos durante este tiempo sin tener señales de vida del mismo.
En materia fiscal, el Gobierno, como en campañas precedentes, en función de las circunstancias de mercado de ese ejercicio, o los efectos negativos de las condiciones climatológicas sobre las cosechas, fijó los tipos de índices para calcular el rendimiento neto a efectos de la declaración de la renta. Hubo rebajas importantes como el índice corrector por la compra de piensos fuera de una explotación, que se fijó en el 65%, frente al 75% anterior, y del 95% para avicultura y porcino. También se rebajó el indicativo para el conjunto de las producciones ganaderas y en el sector hortofrutícola. Se trata de una medida que tiene más de imagen que de efectos prácticos, en cuanto que los pagos por este concepto del sector agrario son muy reducidos y menos con los precios a la baja registrados en los mercados. En todo caso, fue un dato positivo.
Por el contrario, aunque figuraba en ese mismo compromiso fiscal, no se ha elevado del 2 al 5% la reducción lineal aplicada al rendimiento neto en el régimen de estimación objetiva y tampoco se aumentaron del 5 al 10% en el régimen de estimación directa que simplifica los gastos de difícil justificación. Del compromiso de adelantar los pagos de la devolución del impuesto sobre el gasto para hacerlos trimestralmente no hay noticias y, obviamente, ha quedado en el rincón de los recuerdos la petición para acrecentar el IVA del 8,5 al 10% en la venta de los productos ganaderos. Tal como están las cosas en Economía, de rebajas de impuestos, las justas.
Paquete de medidas
Según se puso de manifiesto en este paquete de medidas ofertado por la propia Administración agraria, Economía no está por la labor de rebajas importantes y menos por devolver más impuestos. Pero sí está por controlar los gastos de Agricultura hasta el último euro para tratar de cumplir sus compromisos sobre el déficit público. Esta ha sido la razón por la que las disposiciones de Medio Ambiente sobre mejoras en la financiación agraria no hayan recibido la luz verde hasta los últimos días, medidas pensadas inicialmente solo para las producciones ganaderas, que se han acabado extendiendo a todo el sector y que se pueden solicitar tanto por personas físicas como por jurídicas, esto es, por cooperativas o sociedades agrarias de transformación.
Por fin ya está en vigor la orden por la que el sector puede solicitar la subvención de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, Saeca, para la concesión de avales. Esta petición se deberá presentar en la entidad financiera donde se haya solicitado el préstamo. La ayuda pública para pagar la comisión de gestión de los avales será como máximo del 1% anual del saldo deudor y del 0,5% para pago de la comisión de estudio. A esta medida se pueden acoger préstamos de hasta 50.000 euros cuando los mismos tengan un plazo de amortización que no superen los cinco años, pudiéndose incluir uno de carencia. Esta línea de ayudas se podrá solicitar en el plazo de tres meses. Los beneficiarios deben estar al corriente de sus pagos con Hacienda y con la Seguridad Social. Igualmente se ha abierto el plazo para solicitar las subvenciones para la financiación de una carencia de dos años para los créditos pedidos al amparo de los reales decretos de junio de 2001 y de febrero de 1996 para mejora y modernización de todo tipo de explotaciones. Esta medida es más importante en cuanto su aplicación, ya que puede suponer un respiro para explotaciones ahogadas por la crisis.
Finalmente, en materia de financiación, destaca la línea abierta, el ICO 2011, para la concesión de créditos destinados a lograr una mayor internacionalización de las explotaciones y más eficiencia productiva. Las subvenciones a los tipos de interés oficial se hallan entre el 0,25 y 0,35 puntos. El principal inconveniente , en ambos casos, son las elevadas garantías que piden en la actualidad desde las entidades financieras a la propia Saeca para conceder un crédito o un aval.
En el apartado de mercados no se ha hecho nada para cambiar la tendencia alcista, sobre todo de los cereales, y recortar los costes ganaderos. Para apoyar los ingresos del sector agrario, España pidió en Bruselas adelantar los pagos directos al 16 de octubre, alrededor de 700 millones de euros, en lugar de hacerlo en diciembre.
El Plan de Choque se materializó en un momento de malestar y protestas en el campo, la realidad es que se ha diluido en el tiempo, sin contenido, abandonado por la Administración y sin que sea reclamado por el propio sector.
