El 13 de noviembre de 2002, el petrolero Prestige, un monocasco cargado con 77.033 toneladas de fueloil, con bandera de Bahamas, envió una llamada de socorro a las 14,15 horas cuando navegaba frente a las costas gallegas debido a la rotura de uno de los tanques en un momento de tormenta, por lo que perdió parte de su carga y tuvo problemas de estabilidad.
Tras varios días de maniobras para su alejamiento, acabó sumergiéndose a 250 kilómetros de la costa gallega de la Muerte. La marea negra provocada por el vertido causó una de las catástrofes medioambientales más graves de la historia de la navegación.
Ahora el proceso judicial por este desastre ecológico entra en su fase final, previa a la convocatoria del macrojuicio que prevé celebrarse en La Coruña en los próximos meses, según detallaba ayer el fiscal del caso, Álvaro García Ortiz.
«Ya ha acabado formalmente la investigación», afirmó García Ortiz y la próxima semana concluye el plazo para que «las partes personadas postulen ante el juez».
El fiscal encargado de asuntos medioambientales del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) subrayó que el macrojuicio se celebrará ante la Audiencia Provincial de La Coruña, aunque apuntó que aún no se ha decidido el lugar en el que se desarrollará, ya que deberá acoger a decenas de testigos, expertos, peritos, abogados, jueces y otros profesionales de la justicia. Tampoco la fecha ha sido decidida, pero García Ortiz opinó que, desde el punto de vista de la Fiscalía, «no sería malo» que el juicio coincidiera con el octavo aniversario del accidente.
Cuando recibieron la llamada de socorro enviada desde el petrolero, dos helicópteros acudieron a sus proximidades y evacuaron a 24 de los 27 tripulantes, de manera que permanecieron a bordo el capitán, el griego Apostolos Mangouras, de 73 años, que fue detenido y posteriormente liberado, tras ser depositada una fianza de 3 millones de euros, así como el primer oficial y el jefe de máquinas.
A 3.500 metros
El buque, procedente de San Petersburgo (Rusia) y que se dirigía a Gibraltar, fue remolcado tras el accidente lejos de la costa gallega, por decisión de las autoridades, y finalmente el 19 de noviembre de 2002 se partió en dos. A las 10,45 horas se hundió la popa y a las 15,45 la proa a profundidades de unos 3.500 metros, aunque continuó vertiendo crudo durante días.
El entonces director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, también será enjuiciado y deberá responder de los fundamentos de su decisión de alejar el buque, una cuestión que podría suscitar de nuevo cierto debate.
La marea negra desprendida afectó principalmente a las costas gallegas, que inundó de fueloil, pero perjudicó también, aunque en menor medida, a otras zonas del litoral de España y de Francia.
Los afectados reclaman indemnizaciones de más de 1.200 millones de euros, de los cuales más de 1.000 millones corresponden a personas, organizaciones y empresas perjudicadas en las costas de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, y de Comunidades Autónomas y el Estado español; y más de 200 millones de euros de peticiones cursadas por Francia.
A diferencia del hundimiento del Erika en 1999 frente a las costas de la Bretaña francesa, por el que la justicia de ese país condenó el año pasado a la petrolera Total y a otros agentes, en el juicio del Prestige no estará entre los acusados empresa alguna, debido a las particularidades de la legislación en España.
«El derecho español no contempla la responsabilidad de las personas jurídicas, por lo que no puede condenar a la armadora, sino a una persona responsable en la empresa o a alguien que haya ejecutado un hecho que sea ilícito y punible», comentó el fiscal.
Subrayó la complejidad del asunto con ramificaciones en una decena de países e indicó que el petrolero tenía bandera de Bahamas, aseguradora británica, clasificadora estadounidense, fletadora suiza con sede en Londres, aunque dueño, propietario registral, armador y capitán de nacionalidad griega.
El fiscal apuntó que las autoridades están estudiando también «fórmulas para darle publicidad, ya sea por internet u otro medio» al macrojuicio, por el interés que suscita no solo en España, sino en otros países, e indicó que algunas de las intervenciones podrían efectuarse mediante una videoconferencia.
