Con el pretexto de las querellas contra Garzón a cuenta del franquismo, pero mucho más preocupados por la verdadera guerra de fondo, que no es otra que la destinada a ganar las próximas elecciones generales, o al menos evitar que las venza el rival, el Gobierno, el PP, el CGPJ y las asociaciones judiciales libraron ayer, casi sin acordarse de cuáles son las acusaciones que penden sobre el magistrado de la Audiencia -que hoy debe declarar por el dinero que recibió del Banco de Santander-, una nueva escaramuza de esa magna contienda.
Al hilo de la protesta convocada el martes por UGT y CCOO en defensa del juez, tan bochornosa para unos como épica para otros y durante la que se acusó abiertamente al Tribunal Supremo de amparar «el genocio franquista» por enjuiciar a Garzón a cuenta de su empeño en investigar las desapariciones del régimen anterior, el líder popular, Mariano Rajoy, denostó por «claramente antidemocrático» el «espectáculo» celebrado en la Complutense.
El presidente popular exigió además que el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, mano derecha del vicepresidente Chaves, que asistió al acto, no continúe en su puesto «ni un minuto más». «Todas las personas, todas, desde la más importante en la sociedad hasta la más humilde, son iguales ante la ley, se llamen Garzón, Pérez o Fernández», afirmó el jefe de la oposición.
Igualmente descontenta con el linchamiento sindical y socialista a la judicatura se mostró la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, quien pidió «respeto» al Supremo y advirtió de que los «ataques» realizados el martes contra dicha instancia «exceden el derecho a la libertad de expresión». La representante del órgano de gobierno de los jueces se refería especialmente a las manifestaciones vertidas durante la protesta por el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villajero, quien acusó a los jueces del Supremo de haber estado en el Tribunal de Orden Público y de haber sido «cómplices de torturas».
El otrora representante del Ministerio Fiscal también fue blanco de los reproches de las cuatro principales asociaciones judiciales, por considerar que sus palabras fueron «desmesuradas, insultantes, desafortunadas e impropias»
Ya en un ámbito que roza más lo folclórico que lo político, el previsto encierro simbólico en apoyo del juez que hoy debía comenzar en la Universidad Complutense quedó aplazado ante la evidencia de que ninguna de las estrellas de la cultura comprometidas a las que se esperaba acudió a la cita.
