El PP valenciano denunció ayer que el informe policial sobre la supuesta financiación ilegal del partido es «un claro montaje instigado desde el Ministerio del Interior», mientras que desde el PSOE se reclamaron explicaciones sobre el asunto a Mariano Rajoy.
Un informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía, publicado ayer en varios diarios nacionales y rechazado en su día por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, asegura que la dirección regional del PP organizó una financiación ilegal del partido a través de la firma Orange Market, vinculada a la trama empresarial del caso Gürtel.
Según la Policía, el vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, el secretario general del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV), Ricardo Costa, el vicesecretario, David Serra, y la tesorera del partido, Yolanda García Santos, estaban al tanto de la operativa financiera irregular.
Según lo publicado, Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez El Bigotes, mantenía dos contabilidades para facturar al PP, una oficial con IVA y con importes menores al gasto real y otra en negro.
El secretario general del PP valenciano (PPCV), Ricardo Costa, en una rueda de prensa convocada ayer, aseguró que el informe policial es un «claro montaje instigado desde el Ministerio del Interior», y anunció la presentación de una denuncia contra sus autores. Costa, quien admitió que el partido se equivocó al trabajar con Orange Market, explicó que la denuncia se plantea en principio contra la persona que encarga el informe y la que lo firma, «no contra la Policía».
El presidente de la Generalitat y del PPCV, Francisco Camps, recibió el apoyo telefónico del líder del partido, Mariano Rajoy, quien ha respaldado todas las acciones que se adopten desde la región levantina, según fuentes del partido. Camps no quiso pronunciarse directamente sobre el informe y se remitió ante los periodistas a las declaraciones efectuadas por Costa.
Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, declaró desconocer por qué y quién ha encargado el informe policial, y agregó que «la contabilidad del partido es auditada todos los años por el Tribunal de Cuentas y es una contabilidad legal y en toda regla».
Además, el vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, a través de un comunicado de prensa, calificó de «falsas, irracionales y ridículas» las conclusiones del informe y anunció que presentará una querella por injurias por las informaciones difundidas. Rambla mostró su perplejidad por la publicación de unas conversaciones entre responsables de la trama, en las que se le cita, al considerarlas «carentes de base probatoria alguna», aunque agregó que en ellas se constata su «negativa a aceptar las pretensiones de la empresa implicada».
Una reacción similar tuvo la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que dijo desconocer la supuesta financiación ilegal del PPCV, y aseguró que «jamás ha tenido relación con nadie de los personajes de la trama Gürtel», al tiempo que negó haber recibido regalos de Álvaro Pérez El Bigotes.
Desde el PSOE, su vicesecretario, José Blanco, instó a Rajoy a dar explicaciones «cuanto antes» de lo que pasa en su partido, al igual que hizo la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para quien el líder del PP «no puede seguir mirando para otro lado». El grupo socialista en Les Corts Valencianes solicitará la creación de una comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal de los populares, que presida un diputado de la oposición y donde se aporten todos los documentos que se pidan.
El portavoz del grupo socialista, Ángel Luna, señaló que, si los conservadores no aceptan esta comisión, será porque, a su juicio, «siguen teniendo mucho que ocultar» y porque saben que «quedan muchas cosas» por saberse.
