La procuradora del Grupo Parlamentario Popular María del Canto Benito insistió ayer en oponerse a la asistencia sanitaria a inmigrantes porque «España no se puede convertir en un lugar donde se ofrezca a los extranjeros el gratis total» porque el país y la Comunidad no se lo pueden permitir. Así, mostró su oposición a una moción socialista, defendida por su portavoz en la materia, Mercedes Martín, en la que se pedía que la Junta no aplicase esta medida.
Martín solicitó el apoyo, que sí encontró en el Grupo Mixto, para que se instara a la Junta a promover las instrucciones oportunas para asegurar la universalización de la asistencia sanitaria pública en Castilla y León, a toda la ciudadanía sin excepción, incluyendo la población inmigrante cualquiera que sea su situación administrativa. Sin embargo, para Benito la sanidad no ha sido nunca universal ni lo será en el futuro, al tiempo que recordó que en Castilla y León no ha habido ningún problema con la asistencia a inmigrantes irregulares. La popular defendió que las medidas del Real Decreto Ley 16/2012 tiene como objetivo que el usuario tenga «mayor cuidado y evite el sobreconsumo».
Una decisión que Unión Progreso y Democracia criticó al advertir de que «reducir los derechos de los conciudadanos que habitan en la región abre un camino peligroso, con ciudadanos de primera y segunda categoría».
La sanidad no fue el único tema en el que confrontaron argumentos y opiniones populares y socialistas. Así, desde la bancada del PP se rechazó una moción de la oposición para mejorar la financiación de los servicios sociales porque «ya está garantizada».
Por otra parte, el Grupo Popular insistió en que la Junta «no va a cerrar ninguna unidad veterinaria», pero añadió que necesitan una «reorganización» porque la situación ha cambiado desde que se montaron en los años 90 y «se pueden mejorar». Estas explicaciones no convencieron a la socialista Ana Sánchez, quien aseguró que su grupo se alegraba de oír que la Junta no va a cerrar ninguna unidad veterinaria, pero añadió que debe «demostrar su palabra» porque es «incongruente» decir eso y luego «votar en contra» de la proposición del PSOE.
Por último, el Grupo Socialista insistió en pedir que no se destine dinero público a los colegios que discriminan por razón de sexo.
