Puede que, como señaló ayer el candidato del PSC a la Generalitat, Pere Navarro, el tono del president, Artur Mas, sea «bajo» y «el discurso pobre», pero lo que resulta evidente es que los mítines ya no se dan desde un estrado sino desde lugares hasta ahora insospechados. Uno de ellos es la Fiscalía Superior de Cataluña, donde se han abierto diligencias contra el medio que publicó que el líder de CiU y su padre político, así como sus respectivas familias, se habían beneficiado de unas cuantiosas comisiones del Palau de la Música -escándalo que provocó que el partido pagase tres millones de euros de fianza- y que habían evadido el dinero a paraísos fiscales en Suiza y Liechtenstein.
Otro escenario de esta guerra entre los convergentes y el Gobierno central -a quien acusa de haber organizado una conspiración- está siendo Madrid. Desde allí, el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, emplazó al político barcelonés a aclarar si es «titular o beneficiario» de alguna cuenta corriente con sede en el país helvético, así como a firmar ante notario su compromiso de dimitir en el caso de que demuestre que tiene dinero en algún paraíso fiscal.
De este modo, el dirigente popular se refirió, sin citarlo, al compromiso de no pactar con el PP que en 2006 adquirió Mas ante esta figura, y aprovechó para sugerirle esta idea, «dado que es tan aficionado» a este colectivo.
Además, el combativo dirigente conservador también replicó a las acusaciones vertidas por el líder de CiU contra el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que, en su opinión, «no es ajeno» a lo que considera una estrategia urdida contra él para perjudicarle en las elecciones del domingo. «Intentar echar la culpa a los demás no tiene sentido», sentenció Hernando, antes de añadir que su superior en lo que está enfrascado es en intentar «arreglar la cuentas de todas las administraciones públicas», entre ellas la catalana, cuya deuda se ha «agrandado» en 9.000 millones de euros durante el mandato de Mas.
Horas más tarde, se pronunció el líder del PP, que se saltó el guión -en su último mitin en Cataluña obvió el tema para no encender a los votantes desencantados de CiU- calificando de nuevo de «falsedad» las declaraciones del político nacionalista: «Yo lo único que quiero reiterar es lo que ya afirmé en su día, porque no es la primera vez lo que hace. Eso es lisa y llanamente una falsedad».
Conviene tener en cuenta que tanto los medios de comunicación públicos de la región, como los afines al poder y proindependentistas apenas están dando cancha a la polémica del borrador del informe policial y, cuando lo hacen, salen en defensa del president. Es por ello que igual en el resto de España se piensa que será este posible escándalo -«el más grave de la democracia», según Esperanza Aguirre- un factor decisivo en las urnas cuando a lo mejor la realidad es diferente.
Mientras, el candidato de ICV, Joan Herrera, quiso recordar tiempos pasados y ofreció un triple acuerdo a PSC y ERC para unir sus fuerzas. Seguro que en Ferraz esto no ha gustado lo más mínimo.
Un informe económico catastrofista.- Nueva bofetada a Artur Mas. El Instituto de Estudios Económicos subrayó ayer que la independencia catalana, esa que el Rey calificó de «quimérica», es inviable desde un punto de vista financiero. Según un informe elaborado por diversos expertos para el IEE, las exportaciones de esta región mediterránea a España caerían un 50 por ciento, en torno a 43.000 millones de euros al año, lo que provocaría una bajada del PIB autonómico del 20 por ciento.
Con el desplome de las ventas también se reducirían las importaciones, porque dejaría de ser miembro de la Unión Europea. Además, la salida de capital no sería compensada por la entrada de otro, y se reduciría de forma drástica la masa de euros en circulación.
Cataluña también tendría que decidir si mantiene esta moneda como divisa pero, aunque lo hiciera, no participaría del apoyo del Eurosistema y los bancos del nuevo país tendrían que «hacer las maletas» e ir a España para operar en la UE.
Según los catedráticos que elaboraron el informe, la comunidad tardaría entre cinco y ocho años en volver a la Unión en caso de independencia pactada, y 30 años en caso de secesión porque ni España ni los demás países de la Unión reconocerían este Estado.
Además, ese nuevo Estado debería hacerse cargo de más de 180.000 millones de euros de la deuda pública de la madre patria, y perderían el empleo uno de cada seis catalanes. En concreto, supondría una disminución de casi 43.00 millones de su PIB y necesitaría un presupuesto de unos 48.000 millones de euros frente a los 30.000 actuales cuando ya con esta última cifra tiene problemas para pagar las nóminas de los funcionarios, los servicios básicos de la comunidad y los gastos financieros. En resumen, un desastre.
