Tal y como siempre se jactan aquellos a quienes les va bien, poco importa cuál sea la coyuntura, las crisis no deberían ser consideradas una amenaza, sino una verdadera oportunidad. Así parece pensarlo el PP, que, en el ámbito de su plan de austeridad para recortar el gasto público, se descolgó ayer con una nueva propuesta que, además de ahorrar un buen dinero a los contribuyentes, sin duda contribuiría a consolidar el cada día más palmario bipartidismo español. De hecho, los populares plantean ahora, tras tres décadas de democracia, que se reduzcan de manera «drástica» los gastos de campaña electoral «prohibiendo por ley la precampaña».
Para ello, registrarán hoy mismo en el Congreso una proposición no de ley cuyo objetivo es que «la campaña real se ajuste a la campaña legal» y, para ello, propondrán que la publicidad se limite a los 15 días previos a la cita con las urnas.
El vicesecretario de Comunicación de la formación de Génova, Esteban González Pons, enmarcó tal iniciativa en el más ambicioso plan de los conservadores para mitigar el déficit y que, además de los mencionados gastos en mítines y carteles, implica reformar en profundidad la administración pública y suprimir ministerios.
No obstante, lo cierto es que Pons ni siquiera precisó si el propugnado recorte electoral afectará a los actos que celebran los partidos durante prácticamente todos los fines de semana del año, no importa si hay o no en el horizonte alguna convocatoria de comicios.
A la hora de argumentar sus aspiraciones, el dirigente conservador aseguró que su partido intentará «forjar un consenso» con los demás grupos parlamentarios, máxime existe «un clamor» ciudadano porque los españoles creen que los políticos «gastan demasiado» en las campañas.
«Es una medida que el PP quiere aprobar con todos», apuntó antes de insistir en que si en efecto el sacrifico para capear la crisis es cosa de todos, lo primero que hay que hacer es «quitarse los gastos de publicidad, propaganda y autobombo», aplicándose también la «sabia disciplina de la austeridad» en los gastos de campaña.
Más allá de tal iniciativa, el compañero de Mariano Rajoy insistió en el que el principal partido de la oposición trabaja en una propuesta para concretar la reducción del número de ministerios del Gobierno, porque «sobra» la Vicepresidencia tercera y un par de carteras, algo que, según remarcó Pons, ya se ha aprobado varias veces en las Cortes. «Decía Griñán que Zapatero es malo; pues ahora resulta que, además de malo, resulta caro, porque con el doble de lo que cualquier otro podría gobernar bien, él está gobernando mal», enfatizó el popular.
Igualmente, el responsable de Comunicación del PP confirmó que Génova trabaja en una reforma de la administración pública para «reducir la burocracia», un plan que «exige» un gran acuerdo entre los dos grandes partidos y que ya se lo ofertó Rajoy el pasado mes de septiembre al presidente del Gobierno, sin que hayan recibido aún una respuesta.
«Se trata de evitar abusos en el tamaño de la administración. Es la reducción de la administración en sus tres niveles y, para eso, tienen que hablar el PSOE y el PP en profundidad», enfatizó Pons antes de aclarar que no se trata de «un nuevo mapa competencial», sino de «evitar duplicidades».
Cuando fue interrogado por los periodistas con respecto a si el PP ya ha dado alguna orden para que las comunidades en las que gobiernan cierren algunas de las oficinas que tienen en el exterior (Cataluña es la que tiene más embajadas de ese tipo, seguida de la popular Comunidad Valenciana), el vicesecretario de Comunicación respondió sin concretar nada que es «eso algo de lo que se podría hablar» en el marco de la reforma de la administración pública, sin perjuicio de la autonomía que corresponde a cada Comunidad».
Y mientras el PP planteaba propuestas concretas, el presidente Zapatero recurrió una vez más, durante un acto con parlamentarios de los Veintisiete, a la vacía grandilocuencia para proclamar que los recortes en el gasto y «las reformas estructurales» emprendidas buscan «generar confianza en el presente» y crear una economía «más sólida» y «competitiva en el futuro».
