«La contabilidad del PP es conforme a la ley y no tiene nada que ver con los supuestos papeles de Luis bárcenas». Así de rotundo se mostró ayer el vicesecretario de Estudios y Programas del partido, Esteban González Pons, después de que El País publicase que las cuentas internas que la formación ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción y a la Audiencia Nacional registran las donaciones ilegales al extesorero popular. Una información a la que el dirigente conservador contestó remachando que en Génova 13 «nunca» se han recibido concesiones ilegales y que la financiación «siempre» ha sido transparente.
En este sentido, explicó que su grupo político ha entregado al juez Pablo Ruz «toda aquella documentación que legalmente tenían obligación de conservar», así como aquellos papeles que, sin tener la obligación de tenerlos, todavía guardaban. Sin embargo, no precisó desde qué fecha concreta han entrado dichos informes.
«Todo lo que teníamos lo tiene ya el magistrado y es ante él ante el que el PP dará las explicaciones que tenga que dar», señaló.
Al ser preguntado entonces si no es cierta la información que publica de dicho diario, González Pons insistió en que la contabilidad de su formación «responde exactamente a lo que la ley le exige y a lo que la ley le exigía».
A renglón seguido, recordó que su formación ha «enseñado» sus cuentas y ha colgado en su web incluso la contabilidad que aún no ha sido auditada por el Tribunal de Cuentas. «Otros partidos podrían hacer lo mismo», concluyó.
De forma similar se expresó el portavoz del PP en la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, quien aseguró que el PP es el grupo político «con más transparencia» en sus cuentas.
Por otro lado, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó las medidas cautelares que el juez Ruz impuso el pasado 25 de febrero a Bárcenas, y recordó a su defensa que «ninguna resolución judicial ha apreciado» la posibilidad de que los delitos que se le imputan hayan prescrito.
En un auto, el tribunal confirmó la obligación del extesorero de comparecer cada 15 días en la Audiencia Nacional y la prohibición de salir del territorio nacional, al tiempo que recordó que en los autos que ha dictado la sala se desestima la prescripción de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho y fraude fiscal que indiciariamente se le atribuyen.
