El PP presentó ayer en el Congreso una proposición de ley de reforma del Tribunal Constitucional para permitir a esta instancia judicial multar e incluso suspender a los funcionarios y gobernantes que no cumplen sus sentencias y resoluciones, una iniciativa que, aunque aplicable a todas las administraciones, está pensada para un posible escenario de declaración unilateral de independencia en Cataluña. La propuesta de reforma de la ley del Tribunal Constitucional, presentada por el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando y el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, quien consideró que esta medida será “la garantía” de que no habría opción a la independencia de Cataluña: “La broma ha terminado”, proclamó.
Aunque el Senado aún estaría debatiendo la reforma de la Ley del Constitucional para recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad ante reformas estatutarias, el PP presentó esta otra reforma separadamente, pero con idea de que se apruebe antes de la disolución de las Cámaras.
Según los planes del Grupo Popular, la proposición de ley se tramitará en el Congreso por el procedimiento de urgencia (acortando todos los plazos) y en lectura única (sin pasar por ponencia ni comisión). Su toma en consideración se situará en el Pleno de los Presupuestos Generales, en la semana del 15 de octubre y su aprobación por el Congreso se espera para la semana siguiente a las elecciones catalanas. De ahí saldrá al Senado con tiempo para su aprobación definitiva antes de convocar las elecciones generales.
La iniciativa del PP, de cuya presentación se informó al PSOE, detalló un régimen específico de actuación para los supuestos en que alguien no ejecute las sentencias del TC, a la vista de que, según los ‘populares’, ha habido varios casos de “desacato” en los últimos tiempos, en velada alusión a la Generalitat y su consulta soberanista de 2014.
En concreto, el Tribunal solicitará un informe a quienes deban cumplir cada resolución y, si se agota el plazo sin ser ejecutada, podrá imponer multas de 3.000 a 30.000 euros e incluso acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos que no cumplan. Además, se podrá pedir al Gobierno central, incluso estando en funciones, que adopte “las medidas necesarias” para asegurar la ejecución de la sentencia.
Y en los casos “de especial trascendencia constitucional”, el Tribunal, ya sea de oficio o a instancia del Gobierno de la Nación, podrá adoptar esas para ejecutar las sentencias sin oír a las partes. Eso sí, después se habilitará un plazo de tres días para dar audiencia a los afectados y a la Fiscalía, tras los cuales el Alto Tribunal decidirá si ratifica o levanta esas medidas extraordinarias.
Según explicó Hernando, con esta reforma se dotará de instrumentos al Tribunal Constitucional para hacer cumplir sus sentencias y será aplicable en todos los ámbitos, pero el PP no ocultó que tendría especial incidencia en el escenario catalán, donde la candidatura de Junts pel Sí pretenderá declarar unilateralmente la secesión de Cataluña en este determinado caso.
