Los representantes del colectivo de energías renovables ha trasladado a los parlamentarios populares el problema que existe dentro del sector sobre el constante cambio de normativas; en un encuentrop que reunió a los responsables de la AsociaciónNacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (ANPIER). con los parlamentarios populares por Segovia.
En ua nota de prensa, el PP explica que el Gobierno ocialista primero a través del Real Decreto 436/2004 y después del Real Decreto 661/2007 promovió con la inversión en energías renovables, el objetivo de implantar y desarrollar estas innovadoras tecnologías, cumpliendo con los compromisos internacionales para la reducción de emisiones de CO2. Así mismo, iniciar el camino hacia un modelo energético sostenible y de futuro en línea con los objetivos marcados por Unión Europea para el horizonte 2020 es otro de los objetivos marcados.
Sin embargo, en el año 2010, y una vez realizadas las inversiones, el Partido Popular critica que el mismo Gobierno que incentivó incondicionalmente aquel modelo de desarrollo energético cambió radicalmente su política. A través de dos normas retroactivas, Real Decreto 1565/2010 de 19 de noviembre de 2010 y del Real Decreto Ley 14/2010 de 23 de diciembre de 2010, dejó sin margen de viabilidad estas iniciativas particulares y empresariales, que registraron una perdida media de hasta un 30% de ingresos. Los parlamentarios populares explicaron que el Gobierno trabaja en un nuevo modelo regulador que siente las bases de una política energética estable, cierta y sin incertidumbres a medio y largo plazo.
El sector energético español, a principios del año 2012 se enfrentaba a la necesidad de disponer de un nuevo marco normativo que fuera capaz de hacer frente a los desafíos tanto nacionales, como planteados en la Unión Europea, como es solucionar o encauzar los problemas estructurales del sector, un marco regulador que garantice la existencia de un sector competitivo.
Otro de los retos de futuro, que explicaron los parlamentarios, es la finalización de la incorporación al marco jurídico español de las directivas comunitarias del denominado tercer paquete del mercado interior además de actualizar la normativa en materia de ahorro y eficiencia energética y el cumplimiento de los objetivos medioambientales establecidos por la Unión Europea en el horizonte 2020.
