El Partido Popular flexibilizó ayer las palabras de blindaje del ministro de Educación, José Ignacio Wert, acerca del acceso a las becas en los estudios reglados. El grupo conservador admitió que «habrá que graduar» la nota de 6,5 puntos que Educación piensa exigir a los estudiantes para ser beneficiarios de una ayuda universitaria en el próximo curso.
El titular del departamento aceptó revisar la nota mínima del seis para las becas de Bachillerato, pero siguió decidido a no establecer cambios en los requisitos académicos para los apoyos universitarios, donde se exigen 6,5 puntos de calificación.
Wert defendió ese umbral ante el PSOE en la sesión de control del pasado miércoles en el Congreso, asegurando que un 6,5 no es una nota «inalcanzable» ni debería suponer un «esfuerzo extraordinario». Mientras, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, manifestó ayer que la fijación de requisitos para las ayudas del siguiente ejercicio está «en el inicio del proceso» y garantizó que el Ejecutivo no busca impedir el acceso a la universidad o la educación por carecer de una renta o porque éstas sean bajas. Además, señaló que la pretensión del Gabinete es tener en cuenta «el esfuerzo» del alumno para obtener esas ayudas porque se pagan con los impuestos. «Ahora la nota está en el 6,5 y habrá que graduarlo», añadió.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, apuntó por su parte que «existe un consenso generalizado» sobre que el sistema educativo español no funciona y por ello el ministro del ramo a quien respalda el Gobierno, ha emprendido una reforma. «En la Educación en España nunca hemos dado con la tecla y nosotros vamos a ver si damos con la tecla desde un punto no ideológico, sino de aproximación a la calidad», apostilló.
La popular aseveró que comprende que «cada sector defienda y argumente su propio interés porque es lo que le toca hacer». «El Gabinete trata de servir a un interés de conjunto, que es el de los españoles, los de hoy y los de mañana que son los afectados por la educación», explicó en relación al descontento de los rectores de las universidades españolas con la propuesta de Wert para reformar el sistema de becas.
Asimismo, señaló que si bien «luego se habla de otras cosas», el núcleo y «lo verdaderamente importante» de la reforma «es la calidad de la Educación», algo que «desde luego tiene nuestro respaldo» y que a su juicio, comparten «muchos españoles, padres y profesores». «No podemos estar quejándonos de que algo no funciona y cuando alguien se pone a modificarlo con ese objetivo, que no es otro, sencillamente decir que porque no se opine igual que el ministro él tenga que dejar de hacer lo que es su obligación, que es tratar de hacer una buena ley», argumentó.
Sáenz de Santamaría ahondó en que la calidad de la Educación en España es «una preocupación generalizada y muy compartida por el sector y por los padres», reiteró que no ha encontrado «ningún argumento práctico» para no cambiar el sistema actual y destacó dos de los datos que en su opinión necesitan variar: más de un tercio de abandono escolar y un 40 por ciento de tasa de repetición de curso. «Estar en puesto 18 de 24 países en lectura no lo quiero ni para España ni para mis hijos», concluyó.
Por otro lado, el cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Antonio María Rouco Varela, reclamó al Ejecutivo poner, de una vez por todas, fin al «referéndum anual» al que se somete a los padres en España para elegir la asignatura de Religión y Moral Católica para sus hijos.
Rouco Varela señaló que la obligatoriedad de inscribirse «año tras año» en la asignatura de religión es un elemento que hace «difícil» el ejercicio del derecho de todos los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos. «Otro elemento que hace difícil el ejercicio de este derecho a los progenitores es la obligatoriedad de inscribirse curso tras curso en la clase de Religión y Moral Católica, en un referéndum anual que se les solicita a los familiares católicos, es una exigencia desconocida en todo el Viejo Continente», remarcó.
En este sentido, precisó que en otros países, sobre todo de Centroeuropa, la inscripción «se hace una vez y, si no se revoca, sigue vigente en los años siguientes».
