El PP en las Cortes aprobó ayer en solitario la Ley de Patrimonio Natural, una normativa que, como señaló la procuradora socialista Ana María Muñoz de la Peña, cumple las tres ‘D’ al ser “desproteccionista, desreguladora y deslegalizadora”.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, presentó esta ley antes de someter a debate las 177 enmiendas que llegaron vivas al Pleno de PSOE y las 42 de IU e insistió en que la norma contribuye a la “conservación, protección e impulso” de la riqueza natural de la Comunidad.
Tras su intervención, la socialista definió esta ley como una “imposición” del PP, ya que sólo lleva a “futuros inciertos” y “condena” los espacios naturales a ser una “foto fija” sin población que les de vida.
Para la procuradora con esta normativa “desaparecen” las líneas de apoyo y se da prioridad a las bonificaciones, al tiempo que “eliminan derechos” e introducen “nuevas obligaciones”. “La Junta protege o desprotege según le interesa”, “discrimina en lugar de amparar y potenciar a los habitantes de las zonas, les abandona a su suerte sin ayudas”, destacó.
Por su parte, el procurador ‘popular’ Julián Ramos Manzanos defendió que la Ley que hoy se aprobó en las Cortes es una “buena” normativa sobre la que al PP le hubiera gustado cerrar un acuerdo aunque, en su opinión, las enmiendas socialistas no aportan “absolutamente nada”. “Buscamos la preservación de nuestro patrimonio natural de una forma compatible con el desarrollo sostenible”, concluyó.
El principal objetivo de la nueva ley es hacer compatible la conservación del patrimonio natural y la protección medioambiental con la actividad y el desarrollo económico. Así, regula las labores de vigilancia y de inspección por parte de los agentes medioambientales, forestales y celadores y el régimen sancionador con multas de hasta dos millones de euros para las infracciones de carácter grave.
