El PP destruyó en abril de 2013 el contenido de los discos duros de los dos ordenadores que su extesorero Luis Bárcenas utilizó en la sede de la calle Génova de Madrid para asignárselos a otro trabajador, una vez que se archivó la denuncia por robo que el exsenador presentó contra la formación. Ante esta noticia, los populares alegaron de que la Ley de Protección de Datos obliga a borrar y formatear los PC cada vez que un usuario lo devuelve a la empresa para que lo pueda utilizar otro.
En un escrito que entró en la Audiencia Nacional el 20 de agosto, el grupo conservador reconoce que los discos duros que empleaba su antiguo asalariado (uno de un aparato de la marca Toshiba y otro de un Apple) fueron «destruidos, una vez que adquirió firmeza la resolución judicial que denegaba su devolución» a raíz del archivo de la denuncia que el antiguo senador presentó ante el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid.
Y es que la Audiencia Nacional procedió ayer al volcado del contenido de los dos equipos informáticos para que sean cotejados con la supuesta contabilidad B que el andaluz facilitó el pasado 15 de julio al juez Pablo Ruz en un lápiz de memoria USB.
Se trata, según el acta de la diligencia, de un PC de la marca Toshiba Libretto 100 CT que ha sido enviado sin disco duro por «haber sido extraído con anterioridad» y de un Macintosh MacBook Pro con uno de la marca Toshiba que contiene 500 gigas de contenido que han procedido a ser descargados y analizados. Este último presentaba «signos evidentes en los tornillos de sujeción de que podía haber sido extraído o cambiado con anterioridad», según el acta del secretario judicial, Javier Ángel Fernández-Gallardo.
El escrito del PP, firmado por su abogado, Alberto Durán, sostiene que es «absolutamente falso» que la supuesta contabilidad B aportada por Bárcenas se hubiera extraído del Toshiba a través de un pen drive, como declaró el extesorero, porque «este ordenador, por su antigüedad, carece de puerto USB alguno».
Mientras, el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, apoyó esta versión al asegurar que es «falso» que se extrajera información de uno de los ordenadores usados porque «no tiene salida como se ha dicho».
Tras la diligencia, a la que acudieron el abogado del antiguo senador, Javier Gómez de Liaño, y tres acusaciones, los ordenadores fueron precintados quedando custodiados bajo fe pública judicial y entregados a los funcionarios de la UDEF para su análisis pericial.
Los conservadores justifican la destrucción de los dos discos duros en que Bárcenas dejó de utilizar este equipo y fue «asignado» a otro trabajador y reintegrado al «sistema general» para «reformatearlo y disponerlo para su posible asignación a otro usuario». En este sentido, la formación destaca que cumplió en todo momento la Guía sobre almacenamiento y borrado seguro de información elaborada en 1989 por el Observatorio de la Seguridad de la Información del Instituto Nacional de Tecnología de la Comunicación del Ministerio de Industria.
Así, el partido alega que la Ley de Protección de Datos obliga a borrar y formatear los ordenadores cada vez que un usuario lo devuelve a la empresa para que lo pueda utilizar otro.
Desde el grupo conservador, se recordó que por la Ley de Protección de Datos cada vez que un usuario deja de utilizar un equipo que le ha sido asignado, se reintegra al sistema general, es decir, a la empresa, y ésta debe borrar la información que contiene, formatearlo y ponerlo a disposición de otro usuario. Según el diputado Vicente Martínez Pujalte, no hay «ninguna ley que diga que los ordenadores de un señor tienen que permanecer intactos aunque se vaya de la empresa».
Volviendo a sus amenazas, y ya por boca de su abogado, Bárcenas se mostró «sorprendido» de que la formación haya destruido los discos duros de los ordenadores que utilizó en la sede de Génova al considerar que guardaban «información de interés para la causa». «Él sabía que los ordenadores estaban ahí, en su sitio y pensaba que nadie los había alterado», manifestó Javier Gómez de Liaño.
