La diputada del PP de Segovia, Beatriz Escudero y los senadores, Javier Santamaría, Paloma Sanz y Juan Ramón Represa mantuvieron en la mañana del pasadoviernes un encuentro con la dirección del Colegio de Procuradores de Segovia, para explicarles las medidas adoptadas por el Ministerio de Justicia y las reformas legislativas relacionadas con este área.
Según les han trasladado los populares a los representantes de los procuradores segovianos, las reformas emprendidas por el Ministerio de Justicia “van encaminadas a que sean los usuarios de la misma los que costeen por el servicio jurídico, y no se cargue al resto de contribuyentes.
Pero además, estas reformas “garantizan la tutela judicial efectiva, porque cualquier persona que tenga la necesidad de emprender una causa judicial lo podrá hacer, ya que, si su renta es inferior al doble del salario mínimo interprofesional no tendrá que pagar gasto alguno”, indica el PP en un comunicado remitido a esta Redacción.
Desajustes
Al respecto, los procuradores han informado a los populares que actualmente la llamada «justicia gratuita» se ha sobrecargado con causas de personas, que por su salario, no deberían haberse ajustado a este derecho, y por ello, les han pedido más control, para lograr una mayor agilidad y efectividad.
Sobre las tasas judiciales, en cuyo Proyecto de Ley, Beatriz Escudero es ponente, los parlamentarios del PP han explicado que hasta el momento el Gobierno destinaba 72 millones de euros a la justicia gratuita, pero con este nuevo ingreso, se prevé recaudar 300 millones al año, con lo que compensa el ajuste presupuestario en otras partidas de Justicia. Esto se destinará a financiar la asistencia judicial gratuita a partir del próximo año.
Las tasas judiciales, indica el PP, sólo se aplicarán a los ciudadanos con más recursos y, especialmente, en segunda instancia, para evitar los abusos. Pero además, el Gobierno y las Comunidades Autónomas dialogarán para lograr una gestión coordinada y conjunta.
Los procuradores, por su parte, han solicitad que se revise el funcionamiento de la Oficina Judicial para dotarla de mayor efectividad. Asimismo, ven esencial la creación de una ley que desarrolle los procesos telemáticos de notificaciones y demás diligencias en el proceso judicial.
