La denuncia de «Amigos del Patrimonio» sobre el fuerte impacto visual que producirá un edificio en construcción en San Marcos ha provocado una cascada de reacciones entre las fuerzas políticas de la ciudad. El primero en hablar fue el propio alcalde, Pedro Arahuetes, (PSOE), que en varias ocasiones ha explicado ya que el Ayuntamiento no puede impedir la construcción del inmueble, situado en el número 25 de la calle de San Marcos, porque se trata de una obra amparada por la «legalidad». Ciertamente, el proyecto, que aspira a construir un inmueble de dos plantas y aprovechamiento bajo cubierta, está autorizado en virtud del Plan Especial de San Lorenzo, Valle del Eresma y San Marcos, que se aprobó, con los votos exclusivos del PP, entonces al frente del Gobierno municipal, el 3 de junio de 1999, apenas diez días antes de las elecciones municipales. «Si yo dicto un decreto denegando la licencia de obras a ese edificio, cometería un delito», ha recalcado Arahuetes, que no paralizará la obra o anulará el permiso de obras, salvo que un juez así lo determine.
El portavoz del PP, Jesús Postigo, comparte la apreciación del alcalde, aunque mantiene que, en su opinión, el Ayuntamiento tuvo posibilidades de frenar la construcción del edificio, al menos tal y como está autorizado, y negociar con la propiedad otro proyecto, de un inmueble de menor altura y, en consecuencia, con menor impacto.
«Comparto con el alcalde que no se puede paralizar la construcción del edificio, sería una actuación ilegal, porque tiene todos los permisos y licencias concedidas», admitió Postigo, el pasado viernes, en rueda de prensa. No obstante, el líder del PP dejó entrever que el alcalde no puede escudarse en el planeamiento urbanístico y mirar para otro lado. «No puede decirse que es un problema del Plan General (sic), como si fuera algo que encorsetara las decisiones, porque un Gobierno municipal tiene otras posibilidades» para «evitar situaciones que, como en este caso, crean alarma social».
Postigo, que en ningún momento aludió a que el Plan Especial fue aprobado por el PP en solitario, indicó que cuando la propiedad presentó el proyecto en Urbanismo «se presentó una alegación particular por quien hoy es uno de los miembros del grupo del PP [el viceportavoz Juan Antonio Folgado] para que no se produjera el hecho». «Si los responsables políticos de Urbanismo lo hubieran visto, que lo desconozco, esta situación se podía haber paliado, se hubieran buscado soluciones al verse el impacto que iba a producir», añadió Postigo.
Si el líder municipal del PP enfoca sus críticas al Gobierno municipal socialista, el concejal de IU, Luis Peñalosa, tiene claro que la culpa de autorizar el inmueble corresponde al PP, que aprobó el Plan Especial, y, sobre todo, de la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta, que dio su visto bueno al proyecto.
Vía judicial
Peñalosa comparte con Arahuetes que «hay que respetar» el Plan Especial, aunque, en su opinión, se incumple la Ley de Patrimonio de Castilla y León, una norma que «está por encima» del planeamiento urbanístico. Con estos argumentos IU ha puesto el caso en manos de la Fiscalía de la Audiencia Provincial, consciente de que solo la vía judicial puede paralizar la construcción del inmueble y obligar a los propietarios a no construir o derribar, en su caso, la planta superior del inmueble, para proteger las vistas del Alcázar.
Tras lamentar que cuando se redactó el Plan Especial no se planteara la expropiación de las viejas casas que existían en la zona, Peñalosa indicó que pese a que el planeamiento autoriza, como norma general, la posibilidad de levantar dos plantas, este caso era «especial» y la Comisión de Patrimonio no debió dar su visto bueno al proyecto.
«Hay que exigir responsabilidad a la Comisión de Patrimonio, que es la que vela por la Ley y decide», apuntó Peñalosa, para indicar que el organismo suele ser «permisivo en algunos casos importantes y muy estricta en otros que no lo tienen». Para el concejal de IU se ha producido un «incumplimiento» de la Ley de Patrimonio y en este caso «hay que dar marcha atrás, indemnizando a los propietarios (…) nos costará dinero».
Para Peñalosa, no se debió autorizar el proyecto presentado por la propiedad y solo se tenía que haber permitido construir el mismo volumen que existía con anterioridad.
Denuncia a la Fiscalía
IU ha presentado al Fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Antonio Silva, un escrito donde explica que el edificio en construcción supone un impacto visual negativo sobre el entorno y las vistas del Alcázar y que existe un incumplimiento de la Ley de Patrimonio. El fiscal puede archivar la denuncia, o, por el contrario, abrir una investigación si observa indicios de delito.
