Por más que el Gobierno se empeñe en minimizar y esconder el llamado caso Faisán, que investiga un presunto chivatazo a dirigentes del aparato de extorsión de ETA para que pudieran eludir una redada, lo cierto es que el PP no está dispuesto a que las posibles responsabilidades de algunos mandos policiales y, en última instancia, del Ministerio del Interior y del Ejecutivo en su conjunto, caigan en el olvido.
Para lograr que se haga Justicia y, por supuesto, desgastar en todo lo posible al presidente Zapatero a costa de su presunta condescendencia con los asesinos terroristas, la formación de Mariano Rajoy anunció ayer una doble e intensa ofensiva.
El primero de los frentes será parlamentario, de modo que los populares abrirán el 10 febrero el nuevo curso político en el Congreso con una batería de preguntas en torno al soplo, que se produjo en mayo de 2006.
Según anunció su portavoz en la Cámara Baja, Soraya Sáenz de Santamaría, el principal partido de la oposición centrará la primera sesión de control en dicho escándalo. El Gobierno «no va a poder servirse ni de sus votos ni de los apoyos que pueda pactar a cambio de otras cosas para evitar dar explicaciones», avisó la conservadora antes de insistir en que el PP «no va a dejar pasar» este asunto.
No obstante, no lo tendrán fácil los pupilos de Rajoy para que el Gobierno dé la cara, puesto que, tal y como demostró ayer, en estos tiempos de chaparrón, su principal estrategia consiste en ocultarse. Así, después de que el miércoles el ministro Rubalcaba aplazara sus explicaciones a las Cortes sobre el mencionado chivatazo hasta que la Justicia dicte sentencia, ayer el Ejecutivo optó también por el mutis y consiguió evitar la comparecencia doble que había requerido el Grupo Popular para que la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, y el titular de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, acudieran de forma conjunta al Congreso para contrastar sus pareceres sobre la economía sumergida.
Contradicciones
Para argumentar su petición, la diputada conservadora Celia Villalobos recordó que cuando Corbacho habló de que la actividad opaca suponía entre el 16 y el 20 por ciento del PIB no lo hizo «de forma irresponsable ni improvisada», y que dio esos datos con la «intención muy clara» de querer anunciar que el Gobierno iba a tomar medidas para solucionar el problema. Sin embargo, señaló acto seguido que le «preocupó mucho más» que Salgado, un día después, dijera que no hay datos oficiales al respecto y que la iniciativa del PP para juntarlos en la Cámara Baja solo pretendía que ambos socialistas se «pegasen».
Lo que sí parece inquietar a Salgado bastante más que el dinero negro es el despilfarro de las administraciones autonómicas y locales, responsable en gran parte del astronómico déficit público español. En la actualidad, el Gobierno solo tiene información detallada sobre ingresos, gastos y déficit una vez al año y por eso, según la titular de Economía y Hacienda, sería necesario «tener un seguimiento más frecuente».
Salgado subrayó durante una entrevista que el Ejecutivo trata de alcanzar un consenso político con los presidentes regionales para reconducirles a la senda del ahorro.
Conseguir el apoyo de los partidos a sus planes para recortar el gasto de forma drástica sería, a juicio de la socialista, un paso crucial para evitar alarmantes rebajas de la calificación crediticia como la que ha protagonizado Grecia.
