El PP reprochó ayer al alcalde, Pedro Arahuetes, el doble lenguaje que, a su juicio, emplea el regidor cuando se trata de valorar una sentencia judicial que afecta al Ayuntamiento. «Acude siempre a las herencias recibidas cuando son del PP«, aseguró ayer el portavoz popular, Jesús Postigo, molesto por que Arahuetes haya culpabilizado de la última sentencia condenatoria contra el Ayuntamiento al Gobierno municipal PP-CDS que encabezaba el popular Ramón Escobar.
La última sentencia del TSJ condena al Ayuntamiento a pagar 1,1 millones de euros a la empresa «Promotora Inmobiliaria Paseo Nuevo S.L.» por la ocupación ilegal de una finca en 1993 para unir Soldado Español y Padre Claret. El alcalde no dudó en atribuir la responsabilidad del caso a aquel Gobierno popular que actuó hace 20 años, según dijo, con «absoluta negligencia», al tiempo que destacó cómo los servicios jurídicos del Ayuntamiento habían logrado ahora que el TSJ rebajase en 3 millones de euros el precio de expropiación de esta finca en relación a la cantidad que pretendía la propiedad.
Postigo subrayó que el propio Arahuetes, en el pleno sobre el debate de los presupuestos, subrayó que él no era amigo de acudir a justificarse por herencias recibidas; aunque «lo cierto es que lo hace cuando le interesa, para atacar al PP, y se enfunda el papel de víctima». El portavoz del PP recordó que cuando se hizo público el auto judicial que archivaba la causa penal contra el ex concejal socialista Juan Cruz Aragoneses, tanto él como el alcalde «coincidimos en ser respetuosos con la decisión de la justicia y que opinaríamos cuando hubiera una decisión firme». Al igual que en ese asunto, en el caso de la finca de Soldado Español, la sentencia puede ser aún recurrida y, en consecuencia, no es firme, por lo que «no entiendo cómo aquí el alcalde deja de ser prudente, hace valoraciones y culpa al PP«. «No me valen valoraciones de sentencias o de autos dependiendo de quienes son los que han recurrido o dejado de recurrir», criticó Postigo, quien, en todo caso, defendió al que fuera alcalde de Segovia, Ramón Escobar. «Doy por hecho que tomó aquella decisión sobre la base de los informes técnicos que obraban en su poder porque lo contrario hubiera sido incurrir en un delito de prevaricación», añadió el portavoz popular. En todo caso, Postigo admitió que de confirmarse la sentencia del TSJ, aunque Arahuetes ya ha anunciado que el Ayuntamiento presentará un recurso ante el Tribunal Supremo, será un «golpe duro» a las arcas municipales. «Es un palo, desde luego, pero esperamos sentencias de mayor cuantía» aseguró Postigo, que eludió, a continuación, desvelar detalles sobre estos litigios que, según dejó entrever, pueden suponer nuevos gastos a la hacienda municipal.
Por su parte, el concejal de IU, Luis Peñalosa, apoyó la decisión del equipo de Gobierno socialista de recurrir la sentencia del TSJ ante el Tribunal Supremo. Para el concejal de IU el caso se produce por «una tramitación mal hecha, no se de quien fue la culpa, si del asesoramiento técnico o hubo presiones políticas, en todo caso es un desastre para el Ayuntamiento tal y como está la economía municipal». «Creo que fue más bien un error de los técnicos, aunque no se entiende, solo espero que el Tribunal Supremo rebaje la cantidad que debe pagar el Ayuntamiento a la propiedad», añadió.
La sentencia conocida ahora rechaza el recurso del Ayuntamiento contra otra anterior, dictada por el mismo tribunal, en marzo de 2012, que vino a confirmar el fallo que adoptó en su día el Juzgado Contencioso-Administrativo de Segovia a favor de los propietarios. Entonces, el juez ya acreditó que el Ayuntamiento de Segovia ocupó hace 20 años «por la vía de hecho» una superficie que tenía que haber expropiado. El consistorio quería unir Soldado Español con Padre Claret y dar salida a un tráfico que, desde julio de 1992, ya no podía circular bajo los arcos del Acueducto.
Hace 20 años
La finca, compuesta por dos solares, fue adquirida por los propietarios en 1991 mediante subasta pública. Era un terreno de unos 1.200 metros cuadrados que puso a subasta pública el Ministerio de Fomento. Los propietarios se dirigieron al Ayuntamiento para proponer la cesión de la finca a cambio de obtener edificabilidad en otra zona de la ciudad. Pero el Ayuntamiento ocupó en 1993 la finca alegando que la parcela era de propiedad municipal y no una propiedad privada.
