El PP aprobó ayer en solitario el proyecto de Código Penal, que introduce por primera vez la prisión permanente revisable, las donaciones ilegales a partidos políticos, la explotación sexual de animales o reduce las penas de cárcel para los piquetes de las huelgas.
La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados sacó adelante el dictamen de la ponencia con la oposición unánime de todos los grupos, que cargaron contra la “cadena perpetua revisable”. De hecho, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) se desvinculó de la votación al ser “un trágala y un Código Penal de excepción”.
El Código Penal incluye por primera vez en España la prisión permanente revisable, que establece una revisión cuando se cumplan entre 25 y 35 años de la condena. El PP, por boca del diputado José Miguel Castillo Calvín, defendió que nuestro país es de los pocos europeos sin este sistema, con el que ya cuenta Alemania o Reino Unido.
El PP, que incluía en su programa electoral la prisión permanente revisable, renunció a las medidas de seguridad para presos de especial peligrosidad planteadas por el antiguo ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.
Corrupción
El Código Penal dificulta además el acceso la libertad condicional a los corruptos que no hayan reparado el daño causado, fija en 500.000 euros la cuantía para imponer cárcel por financiación ilegal —salvo que sea extranjero que será de 100.000— y mantiene el límite de 120.000 euros para hablar de fraude fiscal.
Además, se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de activos procedentes del delito y se reduce la pena de cárcel a quienes dificultan o impiden el ejercicio de huelga y a los piquetes que, no obstante, seguirán teniendo castigos más duros cuando actúen con violencia.
La norma modifica la Ley del Indulto para que un alto cargo del Ministerio de Justicia comparezca sobre estos expedientes cada seis meses. Además, se mantiene la idea de fijar el consentimiento sexual en 16 años y se aumenta la persecución del maltrato, abandono y explotación sexual de animales.
Se castiga con multa a quienes maltraten cruelmente a los animales en peleas de gallos o perros, pero no a los organizadores de estos combates. Esta cuestión fue criticada por ERC y PSOE, que adviertieron de que la explotación sexual de animales no es lo mismo que penalizar cualquier “abuso sexual” a un animal y pone el ejemplo de que la explotación de mujeres o niños conlleva un “negocio” o ánimo de lucro.
Piquetes de huelgas
Con el cambio aprobado ayer, que aún deberá ser ratificado por el Pleno de la Cámara Baja y por el Senado, se reducen además las penas de cárcel a quienes “mediante el engaño o abuso de situación de necesidad impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga”. Así, las penas pasan de una horquilla de seis meses a tres años y medio vigente actualmente, a un nuevo tramo de entre seis meses y dos años.
Por otro lado, las cuantías de las multas por este comportamiento se mantienen, pero se hace incompatible aplicar ambos castigos, por lo que el juez deberá elegir entre sancionar pecuniariamente o mandar a la cárcel a quien impida o dificulte el ejercicio de huelga.
