La nueva ordenanza reguladora de seguridad y convivencia ciudadana del municipio fue aprobada inicialmente en el pleno con los votos a favor del Equipo de Gobierno del PP y la abstención de los ediles de PSOE e IU. Se trata de un amplio documento cuyo objeto principal es el de “preservar el espacio público como un lugar de convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, de ocio, de encuentro y de recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás”,
El alcalde, Jesús García, explicó en el pleno que el documento es amplio, por lo que su grupo se muestra abierto a las consideraciones de la oposición y los vecinos durante el período de exposición que será de 30 días.
El edil de IU, Antonio de Benito, propuso que la ordenanza no se votara en ese pleno sino que primero se estudiara en una comisión conjunta de la Corporación. Así mismo De Benito reiteró al alcalde la queja de su grupo por que se aborden en algunas comisiones temas relativos a otras.
García insistió en que disponen de 30 días para presentar sugerencias o rectificaciones y no se mostró dispuesto a sacar del orden del día este punto ya que señaló que están interesados en que la ordenanza entre en vigor lo antes posible. Desde el PSOE, su portavoz Octavio Cantalejo, se mostró de acuerdo con lo manifestado por el edil de IU y cuestionó al Equipo de Gobierno si una vez aprobada la ordenanza se vigilará su cumplimiento.
Los actos vandálicos sobre el mobiliario urbano, el Patrimonio y otros elementos del municipio, que se han sucedido en los últimos meses llevaron al edil de Policía y Tráfico, Marcos Rodríguez, a desarrollar esta ordenanza. Un documento que el edil espera entre en funcionamiento a principios de 2013 y que ha redactado partiendo de documentos similares procedentes de la FEMP y de otros ayuntamientos como los de Valladolid, San Sebastián, Barcelona o Alcalá de Henares, aunque siempre teniendo en cuenta la situación propia de la villa. Así manifestó que junto al Jefe de la Policía Local habían analizado el historial de partes de la Policía para recoger los temas que con más frecuencia ocurren en Cuéllar.
Rodríguez afirmó que es una ordenanza muy compleja porque toca muchos aspectos. Entre los aspectos destacados por el edil figura aspectos como el recogido en el artículo 11 “organización y autorización de actos en espacios públicos municipales” que establece que las solicitudes de ocupación de espacios públicos municipales deberán ser presentadas en el Registro del Ayuntamiento con 21 días de antelación, de lo contrario el Ayuntamiento podrá declarar la inadmisión de la misma.
El tendido de ropa y elementos domésticos hacía la vía pública o visibles desde ésta y el lavado o reparación de vehículos son otras de las prohibiciones recogidas.
Se regulan también los atentados contra la dignidad de las personas como los comportamientos racistas, xenófobos, homófobos o violentos, y de manera especial la degradación visual del entorno con grafitos, pintadas y otras expresiones gráficas o a través de pancartas, carteles, folletos y similares fuera de los lugares habilitados al efecto.
En el caso de los grafitos y pintadas la sanción irá desde los 750 euros por una falta leve a los entre 1.500 y 3.000 que tendrán que pagar aquellos que cometan infracciones en monumentos histórico-artísticos, edificios catalogados o protegidos, lo que se considera falta muy grave.
Las apuestas, la mendicidad, el comercio ambulante no autorizado y la realización de necesidades fisiológicas en la vía pública serán también sancionados.
Un apartado especial se refiere a las actitudes vandálicas con el uso del mobiliario urbano y el deterioro del espacio urbano.
La ordenanza autoriza a los miembros de Protección Civil del municipio para realizar las funciones de vigilancia de esta ordenanza y establece el deber de colaboración ciudadana en el cumplimiento de la misma
Rodríguez reseñó que en general las sanciones leves tendrán una multa de hasta 750 euros, las graves de 750,01 hasta 1.500 y las muy graves de 1.500,01 a 3.000 euros. También subrayó que el documento recoge la posibilidad de sustituir las multas y la reparación de los daños causados por trabajos en beneficio de la comunidad.
Las sugerencias de mejora para esta ordenanza no se han hecho esperar y los propios ediles del Equipo de Gobierno han sido los primeros en solicitar la inclusión de algunos aspectos, así Rodríguez por ejemplo incorporará un índice que recoge los títulos, capítulos y artículos de la misma.
