Las dificultades económicas por las que pasan los españoles ha obligado a muchos ciudadanos a ser desalojados, una tendencia cada vez más en alza y que, en las últimas semanas, se ha saldado, incluso, con personas que se han quitado la vida ante la impotencia de tener que dejar su vivienda al banco. Por ello, desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apostaron ayer por reformar la ley hipotecaria para evitar el aumento de desahucios.
Según remarcó el vicepresidente del organismo, Fernando de Rosa, la actual legislación «está creando una serie de disfunciones» que provoca que cada vez sean menos las personas que pueden abonar sus mensualidades.
De hecho, según aseveró, las inspecciones del CGPJ han constatado este crecimiento de desalojos que sentencian los juzgados de primera instancia, que no tienen más remedio que basarse en la legislación actual.
En este sentido, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, defendió una reforma legislativa para regular los levantamientos de inmuebles y que los jueces tengan un mayor «margen de maniobra» para valorar los casos de forma individual porque, según explicó, «se ven forzados muchas veces a aplicar la norma sin ponderar las circunstancias de cada persona».
«Creo que hay que aumentar ese margen de discreción, no absoluto, pero sí dentro de unos límites, para que el magistrado pueda ponderar, en cada caso concreto, si puede flexibilizarse la exigencia de cumplimiento de las obligaciones hipotecarias», manifestó.
El dirigente popular abogó por una reforma legislativa para hacer frente a la problemática de los desahucios, la cual habría que «hacerla de común acuerdo con cuántos más grupos, mejor, pero de forma muy importante con el principal partido de la oposición».
Una iniciativa que ya desde el PSOE recordaron al Gobierno que habían presentado hace tiempo. Así, el socialista Antonio Hernando, urgió al Ejecutivo a «encerrarse en una habitación» con la formación de Ferraz y «no salir hasta que se haya redactado un texto definitivo, porque la gente necesita soluciones inmediatas».
El proyecto de ley establece la puesta en marcha de nuevas condiciones para que las familias puedan hacer frente al pago de su deuda a través de una negociación con la entidad o la dación en pago con la posibilidad de continuar con el uso de la vivienda familiar a través del abono de un arrendamiento social que, en ningún caso, podrá exceder a un tercio de los ingresos totales de la familia.
Mientras tanto, el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, aseguró que el Gobierno va a tomar medidas y buscar soluciones para frenar los desahucios. «Estamos dispuestos a hacer lo que nunca se ha hecho», manifestó rotundo el dirigente popular, quien, no obstante, no concretó por dónde irían esas propuestas y si estarían dispuestos a hablar con los bancos para «obligarles» a buscar fórmulas con el fin de ayudar a los desamparados.
Floriano recalcó que el Ejecutivo de Mariano Rajoy es el «único» que ha tomado «alguna medida» contra los desalojos, como el Código de Buenas Prácticas, que, según explicó, se está evaluando para ver sus resultados.
Estudio de 100 casos en Cataluña.– La entidad financiera CatalunyaCaixa cede ante la presión ciudadana por el drama de los desahucios y se compromete a estudiar un centenar de casos urgentes de personas afectadas por esta situación. El banco tomó esta decisión ayer después de que más de 100 miembros y simpatizantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ocuparan durante más de dos horas el vestíbulo de su sede central en Barcelona, según declaró la portavoz de la organización, Ada Colau.
La representante explicó que querían hablar con el presidente de la entidad, Adolf Todó, pero que, finalmente, pudieron dialogar durante casi una hora con el secretario del consejo de administración, y tras el encuentro, CatalunyaCaixa se comprometió a dar una respuesta en el plazo de dos o tres días, como máximo.
Los miembros de la plataforma que se reunieron con directivos de la compañía exigieron la dación en pago como única respuesta a la problemática de los desahucios presentados, por lo que si la alternativa que finalmente les ofrece la firma no es ésta, estudiarán nuevas acciones y concentraciones como la realizada ayer.
Por su parte, fuentes de la entidad financiera indicaron que CatalunyaCaixa es una de las entidades más activas en la búsqueda de soluciones ante esta problemática, y destacaron que a lo que se han comprometido es a mejorar la interlocución con la plataforma, así como informarles de los pasos que dé la empresa en favor de resoluciones positivas hacia los afectados por este drama social.
Esta acción se desarrolló el día en que la PAH y Stopdesahucios cumplen dos años desde que el 3 de noviembre de 2010 unas 30 personas se desplazaron a La Bisbal del Penedés (Tarragona) para intentar parar un desahucio instado por CatalunyaCaixa.
