De manera sin duda tan casual como premonitoria, la víspera de que el Pleno del Congreso celebre hoy el debate sobre el límite del gasto no financiero del Estado para el año que viene, primer paso ineludible para la elaboración de los Presupuestos Generales, el Gobierno y el PNV comenzaron ayer a exteriorizar un romance que, con toda probabilidad, desembocará en un matrimonio de conveniencia que a Rodríguez Zapatero le permitirá mantenerse otro año en el poder, mientras que a los nacionalistas podría devolverles buena parte del protagonismo perdido en el País Vasco. Eso sí, todo ello a costa del pacto suscrito entre Patxi López y el popular Antonio Basagoiti, un acuerdo que ha venido funcionando de manera impecable y que ha devuelto buena parte de la normalidad democrática a la región norteña, pero cuya continuidad no interesa demasiado al inquilino de Moncloa en estos tiempos preelectorales.
Bien reveladoras fueron las palabras del líder peneuvista, Íñigo Urkullu, quien manifestó que su partido pretende propiciar «un acuerdo estratégico» con el PSOE, no para que sea «la tabla de salvación» de Zapatero, sino, argumentó, para superar «el impasse al que se ha conducido al autogobierno vasco». Además, en uso de la clara posición de fuerza que le otorgan sus votos en Madrid, el jeltzale denunció que el lehendakari «se erige en vigilante del incumplimiento del Estatuto», en lugar de «velar por su cumplimiento».
Tras recordar que con el PP el Gobierno «ha roto todos los puentes», mientras con «el bloque de izquierdas se acabó el idilio tras el giro copernicano de Zapatero del pasado día 12 de mayo con el Plan de ajuste» y con CiU se ha cerrado toda «posibilidad de acuerdo tras el fiasco del proceso del Estatut, laminado por dos veces desde Madrid», Urkullu se apresuró a poner sus votos en venta.
Así, el jefe del PNV puso buencuidado en recordar que su partido ha presentado 15 propuestas, las ocho primeras «recogidas literalmente del Estatuto de Guernica», aprobado hace más de 30 años «y todavía hoy incumplido», por lo que, como consecuencia, reclamó «las transferencias pendientes, que van a permitir responder mejor a la situación de crisis económica».
Por si acaso tales reflexiones pudieran parecer algo genéricas, Urkullu se encargó de enumerar cuatro condiciones que deben cumplirse para arrimar sus votos a las cuentas públicas de 2011: «La incentivación del sector de la máquina-herramienta, el compromiso real con la fuente de neutrones por espalación -una importante instalación científica-, la proporcionalidad territorial en la acogida de menores extranjeros y el traspaso de los terrenos de Araka -una base militar- para darles un nuevo uso». Ya con las miras puestas en el medio plazo, el dirigente del PNV también enumeró «la oficialidad de la denominación de los territorios históricos en euskera y el reconocimiento de las selecciones deportivas vascas». A modo de colofón, sostuvo que la última de sus propuestas consiste en el logro de «un nuevo marco jurídico-político» para Euskadi, una pretensión, añadió, «bien conocida por el PSOE y también por el PSE».
Semejante falta de sutileza se tradujo en la inmediata reacción del PP, quien, por boca del propio Basagoiti, proclamó que el PNV solo pretende «desestabilizar» al Gobierno de López. El conservador mostró asimismo su esperanza en que el lehendakari no se deje «enredar», es decir, que no ceda a esos cantos de sirena para cambiar el signo de su alianza.
Tales temores de los conservadores parecen más que justificados, máxime habida cuenta de las palabras de la vicepresidenta De la Vega, quien, también ayer, manifestó que el Gobierno de Madrid «intentará limitar» lo que pida el PNV y, por supuesto, «se tendrá en cuenta la opinión del PSE» a la hora de sellar alianzas.
