Antes del inicio de la sesión plenaria de la corporación, previsto para las nueve de la mañana, está convocada una reunión de la Comisión de Urbanismo para aprobar la modificación del plan parcial que permite recalificar la parcela donde se ha construido el complejo deportivo Carlos Melero, que la empresa concesionaria, Forus Segovia, prevé abrir al público en el último trimestre del año.
Así lo reveló ayer en rueda de prensa el portavoz del Grupo Municipal Popular, Jesús Postigo, quien reiteró, que cuando en 2012 se aprobó la licencia de obras para ejecutar las obras del centro, “ya advertimos que no se podía dar licencia por que el Plan General no lo permitía al ser una parcela estaba calificada como espacio libre, sin edificabilidad, por lo que se estaba haciendo una ilegalidad”. El edil del PP sostuvo que “el tiempo nos dio la razón y una sentencia declaró ilegal la edificación en ese terreno. Mañana, dos años y tres meses después se recalificará la parcela que voluntariamente no quisieron en su momento subsanar lo que era una ilegalidad, negando una realidad evidente que nosotros estábamos indicando”.
Para el portavoz del primer grupo de la oposición, “nosotros hemos estado aportando soluciones y si Dios quiere se solucionará con la recalificación” pero añadió “ni que decir lo que hubiera pasado si un particular hubiera construido en las mismas condiciones”.
También señaló Postigo que la primera piedra de este centro deportivo se colocó en mayo de 2012 y el plazo de ejecución era de 16 meses, por lo que se han finalizado casi un año después de la fecha inicial prevista, que era septiembre de 2013. También recordó que la concesión de las instalaciones para su explotación económica es por cuarenta años, con un coste anual para al Ayuntamiento de 152.000 euros, como subvención a fondo perdido, lo que estimó en un pago total de 6,5 millones de euros, y el coste de las obras de construcción no han llegado a los 4,5 millones de euros.
Nulidad
Pero los concejales del PP advierten de que hay otro problema todavía pendiente de resolver, la nulidad, también por sentencia, de los acuerdos plenarios de adjudicación de las obras y de concesión de la explotación del complejo. “Es un tema importantísimo pendiente de una decisión del Tribunal Supremo, al que se ha recurrido en casación por dos veces”, según Postigo.
El portavoz popular indicó que podría incurrirse en una nueva legalidad si la empresa concesionaria abre al público sin que antes se clarifique la situación por el Supremo.
