El pleno municipal aprobó la realización de un estudio de tráfico y movilidad en todos los núcleos de Palazuelos de Eresma. La propuesta, planteada por el grupo del PSOE, salió adelante con los votos de PP, PSOE y AVR, y la abstención de DNP. La iniciativa generó un pequeño debate entre el equipo de Gobierno, que apostaba por elaborar el estudio con recursos propios, mientras que los socialistas abogaban por el encargo del proyecto a una empresa privada, “para agilizar la iniciativa, al ser una prioridad para un municipio en crecimiento constante”, según explicó el portavoz del PSOE, Joaquín Quiñones.
Finalmente todos los grupos consensuaron un acuerdo, por el que el Ayuntamiento de Palazuelos iniciará los trámites para pedir diferentes presupuestos de redacción del proyecto a otras tantas empresas. El pleno también acordó que el estudio se encargue en un plazo máximo de tres meses, y se exija su finalización en un máximo de dos meses.
Desde el grupo socialista consideran que el estudio debería contemplar, entre otras cuestiones, que existen nuevas zonas en Palazuelos con un carácter residencial, que deberían tener una limitación de velocidad mayor, así como elementos que impidan velocidades excesivas de los vehículos. También se refieren a otras zonas en las que, por la puesta en marcha de determinadas infraestructuras públicas o de iniciativas privadas, cuentan con una importante afluencia de vehículos y peatones en determinados horarios o con una importante afluencia de niños. “Estas zonas también necesitan de un estudio y de determinadas actuaciones para regular eficazmente el tráfico y reducir riesgos o incidentes”, explicó Joaquín Quiñones.
Por otro lado, el pleno municipal aprobó por unanimidad otra iniciativa del PSOE, por la que el Ayuntamiento de Palazuelos realizará los informes pertinentes para el conocimiento de la cantidad que ha pagado el Consistorio en concepto de “céntimo sanitario” por el abastecimiento de todos los vehículos del Ayuntamiento, centros públicos y cualesquiera bienes patrimoniales municipales que hayan sido objeto de repostaje de combustible mientras se mantuvo el vigor el impuesto. Una vez realizado dicho informe, el municipio reclamará la devolución de los importes pagados por el Ayuntamiento en este concepto a las administraciones correspondientes, que el PSOE estima pueden ascender a unos 1.500 euros.
