Una vez más, las normas sobre el abastecimiento de agua potable pusieron de manifiesto las claras diferencias que mantienen ambos grupos de concejales del consistorio navero. Para el grupo socialista es la segunda reforma que en poco tiempo se plantea y que se produce más por beneficiar los intereses de la empresa concesionaria, que los propios de los usuarios,
En ambas intervenciones del portavoz socialista, Juan José Maroto, y del concejal de este grupo Juan Díaz, se mantenía que la modificación se producía a petición de la empresa, como así se deducía de la nota introducida por el grupo popular en el expediente de modificación del reglamento, a la que el responsable socialista dio lectura, y que el Equipo de Gobierno aceptaba a fin de mejorar la posición de ésta y eludir la responsabilidad que el Ayuntamiento tiene sobre este servicio publico.
Criterios no compartidos desde la alcaldía por entender que las propuestas de la empresa atendían a mejorar el servicio y las modificaciones beneficiaban a los vecinos, ya que lo que se regulaba era el mal uso e incumplimiento de los usuarios que incumplían la norma. Además, Santiago de la Cruz recordaba que los acuerdos con la empresa concesionaria conllevaban la reducción de costes en el primer tramo y el compromiso de mantener congeladas las tarifas durante tres años.
Para el concejal Díaz Estévez la modificación presentaba la implantación de un costo nuevo a los empresarios al tener que realizar notables inversiones para adaptar sus instalaciones a lo que obliga el Reglamento.
También citó que se obliga a un nuevo contrato por derecho de acometida de agua y saneamiento entre 200 y 250 euros, cuando en la anterior legislatura se situaban entre 42 y 61 euros. Además de establecer una determinación de consumos en suelo urbano cercano a los 30 euros y no especificar dos tramos en suelo rústico. Se censuró la excesiva competencia dada a la empresa al disponer de la facultad de rescindir el contrato del abastecimiento de agua y se volvió a criticar la posición del grupo popular cuando estaba en la oposición al defender que el servicio fuera público y no compartir la adjudicación a una empresa privada por contrato de cuatro años. “Ahora se hace todo lo contrario, no sólo se da más poder a la empresa adjudicataria en detrimento del interés de los vecinos, sino que se amplía el contrato a 12 años”, mantenían los concejales socialistas.
