La Junta de Castilla y León remitió ayer al Gobierno, apurando el último día de plazo, el plan de ajuste pertinente para poder acogerse al mecanismo extraordinario de pago de proveedores, que no contempla más subidas de impuestos más allá de las aprobadas este ejercicio ni cierres de escuelas ni hospitales, explicó ayer la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo.
Del Olmo reseñó que explicarán el plan de forma detallada tras el Consejo de Gobierno del próximo jueves e insistió en que éste permitirá a la Comunidad cumplir el objetivo de déficit marcado por el Ejecutivo central para este año, del 1,5 por ciento. Del Olmo explicó que el Gobierno deberá dar el visto bueno a su programa de ajustes en 15 días y expresó su confianza en que no se verán obligados a acometer «cambios sustanciales», aunque asumió que deberán aportar «explicaciones» a alguna de las medidas planteadas. Agregó que no descarta que el Gobierno generalice la aplicación del céntimo sanitario «al máximo» entre todas las autonomías, si no se ajustan a los objetivos marcados.
Pilar del Olmo aclaró que en el plan no se han visto obligados a plasmar retenciones de crédito, es decir, declaraciones de no disponibilidad, porque todavía no han aprobado las cuentas de este año, donde ya se reflejarán los ajustes.
La consejera incidió en que el plan comprende un grupo de medidas para cumplir el objetivo de déficit del lado de los ingresos, en el que no han previsto la puesta en marcha de nuevos tributos más allá de los nuevos que ya se aplican, como el céntimo sanitario y los medioambientales.
En cuanto a los gastos, recordó que en Castilla y León se empezaron a adoptar medidas al inicio de la legislatura, y destacó que se recortaron los altos cargos un 20 por ciento, los consejeros de los consejos de Cuentas y Consultivo; y se pactó con los sindicatos reducir el número de liberados. Asimismo, indicó que el pasado 29 de diciembre, el Consejo de Gobierno acordó elevar la jornada laboral a los empleados públicos de 35 a 37,5 horas semanales, algo que ahora se ha generalizado para todo el territorio nacional, y hay autonomías que todavía no han puesto en vigor.
La titular de Hacienda sustanció que no se tocará el salario de empleados públicos y en general «hay una apuesta clara en todas estas medidas por mantener los servicios públicos esenciales». Estas medidas, según dijo, «servirán para blindarlos ahora y en el futuro», para añadir que «no se van a anunciar ni cierres de hospitales ni de colegios, sino medidas para mejorar la eficiencia de gasto». Al respecto, reseñó que la situación de partida en Castilla y León, no es la misma que en otras autonomías, que tendrán que hacer «muchos más esfuerzos». Así, ensalzó que Castilla y León fue «prácticamente» la autonomía que menos desviación tuvo el año pasado en el cumplimiento del objetivo de déficit del 1,3 por ciento. «Fuimos los que menos nos desviamos en el cumplimiento y no hay que meter el bisturí, como en otras», resumió.
