Poco tiempo le ha durado a la ministra de Cultura la congoja ante el anuncio de dimisión del presidente de la Academia de Cine, ya que Ángeles González-Sinde estimó ayer que dicha institución tiene los mecanismos necesarios para «un relevo en la Presidencia de la misma talla y el mismo prestigio» que Álex de la Iglesia, y consideró que la vicepresidenta, Iciar Bollaín, sería «la sucesora natural».
Si el martes le pidió públicamente a De la Iglesia que recapacitara porque la Academia de Cine le «necesita», ayer, en declaraciones en los pasillos del Congreso, se limitó a mostrar su respeto por una decisión que, como es «una persona inteligente», habrá meditado. «Creo que habrá reflexionado mucho antes de tomar esa decisión; y si es la decisión que ha tomado, debemos respetarla. La Academia tiene desde luego mecanismos y fortalezas suficientes para afrontar su 25 aniversario. Iciar Bollaín es la vicepresidenta y podría sucederle», manifestó.
La ministra insistió en que De la Iglesia es una persona que merece su respeto y señaló que no ha tenido ocasión de hablar personalmente con el director de cine, quien anunció que dejará su cargo tras la gala de entrega de los Premios Goya por su desacuerdo con el pacto alcanzado por el Gobierno con el PP y CiU para salvar la ley Sinde en el Senado.
Ante las críticas, la titular de Cultura defendió la enmienda consensuada en la Cámara Alta, que, a su juicio, favorecerá «una nueva economía digital» con el desarrollo «rápido de una oferta legal a precios competitivos» en internet. El objetivo del Gobierno, recalcó, es que los usuarios puedan acceder «de manera cómoda, legal y con toda seguridad» a la distribución de cultura en la red.
Por su parte, asociaciones de internautas y del sector informático estudian recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley Sinde, una norma que consideran «ineficaz» para luchar contra la piratería en internet y que opinan no resuelve el problema de fondo, la reconversión del modelo de negocio cultural.
Representantes de las asociaciones de internautas (AI), usuarios de internet (AUI), la asociación de empresas de internet (ANEI), la de música en internet (AMI), en nombre de otra treintena de organizaciones vinculadas al sector, explicaron a los periodistas las consecuencias de la ley Sinde y las acciones que tienen previsto emprender para frenar su aprobación.
Estas agrupaciones consideran que la enmienda pactada por PSOE, PP y CiU introduce «inseguridad jurídica» al poner a los jueces «en el papel de certificadores» y dar más facultades a la comisión de propiedad intelectual, calificada por el presidente de AI, Víctor Domingo, como «comisión de censura a internet».
Respecto a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad de la ley, Pérez Subías, presidente de AUI, explicó que «se está estudiando» y que éste se fundamentaría, entre otros argumentos, en el párrafo de la reforma que atribuye a la comisión, previa autorización judicial, el cierre o retirada de los contenidos de una web «siempre que directa o indirectamente actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial». Según Pérez Subías, «que se pueda cerrar una página web por si acaso puede hacer daño es algo que no cabe en la Constitución».
Las organizaciones consideran que la ley Sinde será ineficaz, pues la mayoría de páginas de descargas ilegales están alojadas en servidores extranjeros contra los que no se podrá actuar. En este sentido, el presidente de ANEI, Miguel Errasti, vaticinó que muchas empresas de hosting (alojamientos de páginas web) se ubicarán en otros países como «medida preventiva».
