Tras obtener el reconocimiento expreso por parte del Ministerio de Empleo de que la titularidad del edificio del Hospital Policlínico de Segovia es de Patrimonio del Estado, la Plataforma en Defensa del Policlínico mantiene abiertas todas las vías de trabajo para conseguir que el inmueble recupere su uso sanitario y pueda albergar en su interior infraestructuras y servicios asistenciales necesarios para la provincia. Así, el objetivo más inmediato en el tiempo está en que el futuro Plan Especial de Áreas Históricas (PEAHIS) del recinto amurallado mantenga la calificación de uso sanitario para el inmueble, para lo que ya han presentado una solicitud en el periodo informativo establecido a tal fin.
La coordinadora de la Plataforma, Ana Herrero, explicó que en 2011 este colectivo formado por las federaciones de Asociaciones de Vecinos y Barrios Incorporados, la Asociación de Amas de Casa y la Federación Provincial de Pensionistas y Jubilados presentó una alegación al Plan General de Ordenación Urbana solicitando que se eliminara la referencia de uso del inmueble para viviendas tuteladas, que fue atendida por el equipo redactor del plan. Ahora el PEAHIS califica el inmueble como equipamiento «preferentemente sanitario», pero une otros usos que en opinión de la plataforma abren la puerta a que puedan desviarse de la intención inicial.
En este sentido, Herrero pidió que el Ayuntamiento «siga siendo receptivo» a las peticiones de la Plataforma, y recordó que en varias ocasiones se ha manifestado a favor del uso sanitario del Policlínico a través de mociones e iniciativas «que se han aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos».
En cuanto a la propiedad del edificio, Herrero aseguró que el Ministerio de Empleo ya ha dejado claro que pertenece al Patrimonio del Estado, por lo que en su opinión la Junta de Castilla y León «ya no tiene disculpa para poder intervenir y solicitar su cesión al Estado para poder llevar a cabo las obras».
«En anteriores ocasiones, los distintos responsables sanitarios con los que hemos hablado durante este tiempo nos expresaron la imposibilidad de poder recuperar el uso del edificio ya que la Junta no intervenía en edificios que no fueran de su propiedad -manifestó Herrero- pero ahora el edificio está absolutamente disponible y libre de cargas, por lo cual es sólo una cuestión de voluntad política poder asumir su titularidad.
La Plataforma señaló que Segovia es la única provincia de Castilla y León cuyo complejo hospitalario «sólo tiene un hospital», y recordó que en provincias como Ávila o Zamora la Junta ha colaborado en recuperar hospitales provinciales «de dimensiones muy similares al Policlínico de Segovia».
«Creemos que la pelota está en el alero de la Junta -manifestó la coordinadora de la Plataforma- y no entendemos que se presuma de haber aumentado las inversiones en materia sanitaria si el dinero se está yendo a proyectos como el Hospital de Burgos o a recuperar hospitales provinciales en otras provincias».
Asimismo, señaló que el Policlínico no sólo serviría para mejorar la ratio de camas por habitante en Segovia, sino para mejorar los servicios asistenciales que se prestan incluyendo unidades de rehabilitación, consultas o el tan ansiado servicio de radiología, muy demandado por los pacientes oncológicos de la provincia.
Un mensaje directo al presidente
La Plataforrma remitió el pasado 15 de febrero una carta dirigida al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, con el fin de poner en manos del máximo responsable regional la actual situación del inmueble, y solicitar tácitamente su mediación para que las autoridades sanitarias regionales den una solución satisfactoria para el edifficio. En la carta, la plataforma hace un pormenorizado resumen de los pasos dados para intentar “reconducir el problema”, al considerar que hasta la fecha “no ha sido informado de nuestras reivindicaciones, y que ya es hora por tanto de que tome cartas en el asunto”. Además se muestran críticos con la Estrategia de Atención al Paciente Crónico de la Consejería de Familia, que en su opinión se ha realizado con criterios “economicistas” alejados de la adecuada atención a los pacientes crónicos.
