La Audiencia Nacional confirmó ayer la expulsión del PP como acusación popular en el caso Gürtel al objeto de «evitar futuras situaciones ambivalentes y generadoras de un verdadero caos procesal donde una misma parte tenga la condición de acusadora pero, de facto, realice actos más cercanos a la defensa de determinados imputados». Así consta en un auto dictado por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal en el que se confirma la decisión adoptada por el juez instructor, Pablo Ruz, el pasado 26 de abril, y se califica de «encomiable» la labor «depuradora» que ha realizado en el procedimiento, en el que se investigan las actividades que las empresas de Francisco Correa llevaron a cabo para conseguir contratos públicos de administraciones gobernadas por el partido conservador en Madrid y la Comunidad Valenciana.
El auto señala que el cometido del PP en esta causa «no ha sido plenamente congruente con el verdadero ejercicio de la acusación popular, pues más bien corresponde a una auténtica parte coadyuvante en la defensa de los tres imputados», en referencia al extesorero Luis Bárcenas; su mujer, Rosalía Iglesias -que dijo que vendió tres cuadros por valor de medio millón de euros a una ciudadana argentina, dato desmentido por ésta en la revista Interviú-; y el exdiputado Jesús Merino.
De hecho, los magistrados Ángela Murillo, Juan Francisco Martel (ponente) y Carmen Paloma González sostienen que las alegaciones de Génova en el sentido de que obraba para la preservación de las decisiones judiciales que se iban acordando «carecen de consistencia y no resultan compatibles con la labor de una verdadera acusación popular de la que dice hacer gala la parte recurrente».
Conviene recordar que la formación dirigida por Mariano Rajoy recurrió en mayo pasado su expulsión del caso Gürtel, asegurando que el juez Ruz les colocaba en una situación de indefensión «incomprensible e injustificada». «Tanto el Ministerio Fiscal como el juez instructor se han aferrado a cualquier excusa, por muy débil que sea, para prejuzgar y apartar como sea a esta parte de la acusación popular», rezaba el comunicado del partido en el poder.
Las reacciones dentro de la cúpula conservadora no se hicieron esperar. Así, el vicesecretario general de Organización del PP, Carlos Floriano, comentó en Bruselas que lamenta la decisión de la Audiencia Nacional porque, a su juicio, el partido ha sido el «principal perjudicado» por este asunto.
«Sinceramente, lamentamos la decisión del juez, pero la lamentamos, porque si ha habido alguien perjudicado en este procedimiento es, precisamente, el Partido Popular y su buen nombre», declaró.
Mientras, el PSOE andaluz comunicó que remitirá a Ruz informes de la Cámara de Cuentas sobre los gastos electorales del PP-A en las tres últimas campañas autonómicas, celebradas en 2004, 2008 y 2012, en los que, según el vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, aparecieron «irregularidades». Desde las filas conservadoras se volvió a apelar a la «tranquilidad de conciencia».
Nuevo ataque a Aznar.- La guerra entre el Grupo Prisa y José María Aznar continúa. Como si de un culebrón se tratara, el periódico El País publicó ayer que, presuntamente, la trama Gürtel encargó «materiales de sonido e iluminación» para la iglesia del monasterio de El Escorial y para la finca Arcos del Real por valor de 2.440,11 euros, una factura que asumió Special Events, una de las empresas de la red. Este nuevo dato se suma al de los gastos por la iluminación del evento. En ese sentido, no hay nada nuevo.
Por el momento, no ha habido ninguna reacción del expresidente del Gobierno que, en su última entrevista, se despachó a gusto con el rotativo madrileño. Sí salió en su defensa la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que «comprendía» que a parte de la ciudadanía le provocara malestar estas informaciones. Eso sí, recalcó que ya dieron explicaciones Aznar y su mujer, Ana Botella, hace unos días.
