Los nuevos tipos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que aplicará el Ayuntamiento elevarán en más de 40.000 euros anuales los ingresos. Se trata de uno de los incrementos más elevados de la provincia, tras aplicarse el decreto del Gobierno en materia presupuestaria y financiera para la corrección del déficit público.
En el caso del Real Sitio, la última revisión catastral data de 1996, de modo que los tipos eran antiguos. El decreto del Gobierno ha establecido diferentes tipos impositivos en función de la última actualización, que puede ser del 4% para los municipios que hicieron una revisión catastral entre 2008 y 2011; del 6% para los que la revisaron entre 2002 y 2004; y del 10% si fue anterior a 2002.
Sólo los municipios que realizaron la revisión catastral entre 2005 y 2007, años del ‘boom inmobiliario’, no están afectados por esta subida. Como en la mayoría de los casos de la provincia, en que la última revisión es anterior a 2002, el incremento mínimo tiene que ser del 10 por ciento. El Real Sitio mantenía un tipo vigente para 2011 del 0,5 por ciento, pero por Ley le corresponde aplicar un tipo del 0,825, lo que supone una diferencia de la valoración del 65 por ciento respecto al tipo vigente en 2011.
Según el alcalde del Real Sitio, José Luis Vázquez, este incremento se produce “porque los tipos estaban muy bajos”. Y recuerda que en el municipio existe una bonificación para los titulares de inmuebles que sean empadronados.
En todo caso Vázquez mostró su desacuerdo con el decreto del Gobierno y señaló que supone una “injerencia” de la política nacional en la gestión municipal, puesto que el IBI es un impuesto netamente de la Administración local. “Lo que debe hacer el Gobierno es dotar a las administraciones locales de los recursos que por Ley nos corresponden, como así lo recoge la Constitución, y no obligarnos a subir nuestros impuestos”, afirmó.
Abundando en sus críticas, tanto las comunidades autónomas como el Estado deben “transferirnos los recursos económicos necesarios para poder llevar a cabo las cada día mayores competencias que tenemos; porque estamos asumiendo obligaciones para las que no nos aportan la parte económica correspondiente. Es una injerencia sin que estén avanzando en desarrollar esas transferencias”, aseguró.
