Uno de los aspectos más novedosos cuando se redactó la normativa sobre comercio, aún hoy en vigor, es que regulaba elementos relacionados con el ferrocarril a vapor o el telégrafo. Es solo uno de los ejemplos con los que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, justificó ayer la necesidad de actualizar del Código Mercantil español del año 1885, fecha desde la que «ha llovido mucho», aseguró la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley con el objetivo de «hacer efectiva la unidad de mercado» y dar respuesta a realidades comerciales que, en el siglo XIX, ni se podían aún imaginar. Una norma que se dirige, principalmente, a los operadores del mercado, ya sean empresarios, agricultores así como profesionales intelectuales o fundaciones y asociaciones que generen un producto cultural o presten un servicio.
Esta reforma «va a facilitar la vida de los ciudadanos» aseguró Gallardón, ya que «se regulan los procesos de transmisión de la empresa, se moderniza el registro mercantil o se regulan figuras contractuales derivadas de la aparición de las nuevas tecnologías» como la contratación electrónica, la factura electrónica o la «compra en máquinas automáticas», citó el mandatario, con la que se regula la devolución del importe introducido en caso de fallo de la prestación y la responsabilidad de los sujetos relacionados, otorgando mayor seguridad jurídica al usuario.
Por primera vez se introduce en este ordenamiento el contrato de obra o por empresa que atañe, además, a los que hacen un trabajo sin resultados materiales sino intelectuales como «proyectos o informes». El contrato por obra aparecía, pero «no de manera tan extensa» aseguró la vicepresidenta. En definitiva, una «reforma estructural básica» que «fortalece la seguridad jurídica, da seguridad al tráfico mercantil y abrirá nuevas oportunidades para la inversión» puesto que fomentar la creación de empleo y la generación de riqueza sigue siendo uno de los objetivos del Gobierno, como constató una vez Sáenz de Santamaría, que auguró unos meses de junio y julio de «intensa» actividad legislativa por parte del Gobierno.
De hecho, entre sus planes más próximos está la aprobación de la reforma fiscal y tributaria con la que pretenden bajar impuestos, especialmente el de IRPF. Para la número dos del Gobierno, es hora de «devolver a los ciudadanos el esfuerzo de estos años». «Trabajamos para asentar la recuperación, y el Ejecutivo de Rajoy no se moverá de ese objetivo hasta que termine la legislatura, tiempo en el que esperan poder «comunicar medidas esperanzadoras», y no las que han venido jalonando los primeros años de Gobierno popular.
A favor de los ciudadanos
De este modo, Sáenz de Santamaría insistió en que la «primera vuelta» de la reforma fiscal llegará al Consejo de Ministros en junio, aunque no precisó la fecha concreta, y añadió que se centrará, sobre todo, en la rebaja del IRPF para las clases medias y las rentas que provienen del trabajo.
Al término de la reunión del Consejo de Ministros, indicó que así se comprometió el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y quiso dejar claro que, pese a las recomendaciones del FMI, el Ejecutivo no va a aumentar el IVA ni hacer caso a otras recomendaciones del organismo en materia fiscal.
