El tema económico protagonizó ayer el acto de precampaña que Unidad Popular realizó en Segovia, en concreto en el centro cultural de San José, donde los candidatos al Congreso, Jacobo Peña, y al Senado, Alberto Castaño, departieron con decenas de vecinos sobre sus propuestas económicas. Acompañó a los candidatos Sol Sánchez, activista, socióloga, antropóloga y número dos de la candidatura de Unidad Popular por Madrid, encabezada por Alberto Garzón.
El objetivo del nuevo modelo económico que propone Unidad Popular, según explicó Peña, es “romper con la falsa idea de que la libertad del mercado sea democracia, o el capitalismo, que son las dos única alternativas que nos ofrece el bipartidismo”. “Hay que hacer un nuevo modelo productivo”, afirmó Sánchez, pero para ello hay que cambiar la política y abandonar el modelo oligárquico, “pero sin parches, nuestra política consiste en arrancar los problemas desde la raíz”. “No hay que olvidar que las consecuencias que sufrimos en este momento son producto de la primera Transición, de no haber atacado a los grandes poderes económicos, las grandes oligarquías provinciales, que son las que se benefician de un modelo económico y productivo que empobrece a las grandes mayorías sociales”, dijo.
Por ello, la agrupación de izquierdas propone realizar un rescate ciudadano, como plan de choque, que contaría con un presupuesto cercano a los 50.000 millones de euros, menos dinero del que se invirtió en el rescate a la banca, señaló Castaño, “pero en ese caso era dinero perdido”, mientras que con el plan de Unidad Popular se revertiría en la sociedad. Dicho rescate ciudadano se basa en diez líneas, explicó Sánchez, entre las que destacó la creación de puestos de trabajo con el Estado como empleador de última necesidad; trabajos ligados a los territorios, con unos sueldos entre 900 y 1.200 euros; y una renta mínima garantizada de 526 euros, que podría incrementarse según las necesidades familiares.
Con estas y otras medidas, el objetivo de la agrupación es crear un millón de empleos en todo el país, alrededor de 60.000 en Castilla y León, según las potencialidades y características de cada comunidad autónoma.
Sobre de dónde saldría el dinero para poder llevar a cabo estas reformas, Castaño y Sánchez aseguraron que de la lucha contra el fraude fiscal, por un lado, y de la reforma fiscal por otro. “Proponemos un impuesto especial para las riquezas, modificaciones de los impuestos actuales… Siempre con la idea de que paguen la crisis quienes la han causado y no quienes la han sufrido”, concluyó Castaño.
