El nuevo modelo de servicios sociales de Castilla y León, basado en un proceso administrativo simplificado y unificado que presta una atención individual a cada persona, ha permitido un ahorro de 100 millones en los últimos cuatro años, que «se han reinvertido y aprovechado para dar más prestaciones», según indicó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, durante ‘Los desayunos de Ical’.
Además, defendió que esto demuestra que «el dinero es necesario», pero que «no es el único elemento que condiciona las prestaciones sociales». «En Castilla y León se ha conseguido tener unos servicios sociales que marcan la línea y la tendencia a nivel nacional y que están muy reconocidos por expertos externos introduciendo elementos de gestión y cambiando totalmente el modelo tradicional de servicios sociales», recalcó.
Así, indicó que no sólo «la prestación de los servicios es adecuada a las necesidades de las personas, sino porque están muy ajustados entre el coste y el beneficio». «No somos de los que más gastamos, pero sí de los mejores, lo que demuestra que no hay una relación directa entre gasto y calidad porque nosotros con 300 euros de media por habitante estamos a la cabeza, por delante de comunidades autónomas que invierten 770 euros», aclaró.
Respecto al modelo diseñado por la Comunidad, la consejera explicó que se centra en la simplificación administrativa y la atención individualizada, de modo que «no hay duplicidades en las prestaciones; cada persona tiene la que necesita y no varias por diferentes vías». Para ello, el Decreto de Precios Públicos de Servicios Sociales ha establecido un único modelo de solicitud y de valoración, es decir, «una única puerta de entrada al sistema», que además cuenta con criterios comunes sobre el cálculo de la capacidad económica de cada usuario para recibir las prestaciones en todo el territorio,
Esa mejora de la gestión y la eficacia en la prestación de servicios, con definición de los contenidos de cada prestación y del plan de casos, y «agilización y unificación de los procedimientos», es lo que ha permitido alcanzar los «niveles de calidad» que tienen los servicios sociales en Castilla y León, según Marcos, quien señaló que su departamento va a «seguir trabajando en esa línea».
Asimismo, la consejera de Familia destacó que «el valor fundamental» es que este cambio del modelo de servicios sociales se ha hecho con «un consenso pleno» y en colaboración y coordinación tanto con las entidades del tercer sector como en el marco del Diálogo Social.
Catálogo
Respecto al futuro Catálogo de Servicios Sociales, Milagros Marcos indicó que desarrollará este nuevo modelo, por lo que será «un catálogo por necesidades, que no va a hablar de colectivos ni de planificación sectorial, sino de las personas y de sus necesidades», y determinará qué plan de atención se aplica en cada caso.
La titular de Familia explicó que esta fórmula les está dando «muchísimo más trabajo que un catálogo al uso», pero prefirió que se retrase su aprobación, ya que no impide que se estén dando todos los servicios y las prestaciones, y lograr «el catálogo que dé la mejor respuesta a los ciudadanos». «Llevamos un año y medio trabajando en él y nuestro objetivo es que esté funcionando en 2013», señaló.
Marcos avanzó que otra de las prioridades de su departamento es la elaboración del Mapa de Servicios Sociales, que se ajustará al mapa territorial en el que está trabajando la Consejería de Presidencia y que también contará con importantes novedades. Así, eliminará las barreras administrativas actuales para diseñar áreas de prestación de servicios para zonas de servicios sociales, cada una con los servicios que necesite su población, adaptados a sus características concretas (mayor número de mayores, más porcentaje de población inmigrante, etc.).
«Ahora tenemos una estructura bastante rígida, que es la que heredamos del Imserso en el año 2006, pero no parece razonable que por el hecho de que haya una línea divisoria territorial entre diferentes provincias los habitantes de un pequeño municipio reciban atención en un lugar lejano cuando tienen otro más cerca», apuntó.
Competencias
En cuanto a la propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de que las comunidades autónomas puedan devolver al Estado las competencias en Sanidad, Educación y Justicia, y ceder a los ayuntamientos los servicios sociales y las infraestructuras, la consejera de Familia defendió que los niveles de calidad alcanzados por las prestaciones esenciales en Castilla y León «en buena parte son fruto del trabajo de los profesionales y desde luego también de que la gestión de las competencias de la Administración que está más próxima al ciudadano». Asimismo, apuntó que «no es lo mismo la capital de España que una Comunidad como Castilla y León», y consideró que es más fácil que la Junta tengan «más conciencia de las características específicas» de la región, «que son muchas», que se perciban «desde Madrid».
En cualquier caso, Marcos aseveró que «el problema no es quién tiene las competencias, sino que se ejerzan con rigor y evitando duplicidades, y en eso los servicios sociales de Castilla y León son un ejemplo». «Para los ciudadanos no es un preocupación quién le presta los servicios, sino que se los presten bien, lo que hace falta es gestionar con eficiencia e introducir la corresponsabilidad de todos», concluyó.
