El modelo de financiación autonómica no funciona. El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, lo repitió hasta en ocho ocasiones durante la presentación del proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2014. Y dio un dato: las entregas a cuenta dejan un descubierto de casi 442,2 millones de euros a la hora de costear los servicios básicos. De ahí la necesidad imperiosa de acometer su reforma, pero nunca como moneda de cambio para frenar debates territoriales y sin perder de vista el principio de solidaridad incluido en la constitución.
En concreto, Castilla y León recibirá en 2014 5.361,5 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, lo que representa un descenso del 4,4 por ciento respecto a las cantidades percibidas en 2013. Y en el extremo contrario las tres consejerías más sociales (Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades) que prestan los servicios básicos suman 5,803,7 millones de euros, de donde salen ese descubierto al que se refirió Herrera y que le llevó a concluir que «el actual modelo impuesto es malo, poco transparente e insuficiente».
El mismo argumento que expuso durante la exposición del presupuesto también lo defendió por la mañana en la Ejecutiva Nacional del PP en la calle Génova ante el resto de los barones regionales donde abogó por que el criterio que se utilice para la revisión del modelo es que «todos los ciudadanos puedan recibir los mismos servicios», lo que obliga a valorar su «coste ajustado a las circunstancias de cada territorio» y con el dinero suficiente.
«El modelo se ha demostrado fallido porque no cumple con las exigencias requeridas, primero la de suficiencia para no recurrir al endeudamiento a la hora de cubrir los servicios y en segundo lugar tiene que estar ligado al principio de solidaridad, como garantía de la igualdad de todos los españoles», argumentó Juan Vicente Herrera.
Uno de los debates suscitados en la reunión interna del PP fue el de la publicación de las balanzas fiscales de las comunidades, donde se vea qué autonomías aportan más dinero del que reciben y viceversa.
En este sentido, el presidente de la Junta aseguró que no tiene ningún temor a que se publiquen dichos documentos, donde Castilla y León saldría como receptora de solidaridad, pero sí que se mostró contrario a que dichas balanzas se utilicen como instrumento fundamental a la hora de revisar el nuevo modelo de financiación.
«Al revés es un ejercicio sano y un buen ejercicio de transparencia», precisó sobre la publicación de las balanzas fiscales, pero añadió que también se pueden conocer las balanzas comerciales, pensiones, capacidad de solidaridad o los flujos económicos para disponer de una visión más amplia de la realidad de cada comunidad. Dentro de ese análisis, también abogó por incluir también a las comunidades forales, «no para cuestionarlas».
«Lo más importante son las personas y sus circunstancias», recalcó el presidente de la Junta, que afirmó no compartir las «obsesiones capitativas» de los gobernantes de algunas comunidades que pretenden medir todo por el mismo rasero y dividir por el número de habitantes.
Herrera también se mantuvo firme a la hora de defender que el modelo se revise para mejorar los servicios a los ciudadanos «no para dar tratamiento a una comunidad con el fin de solucionar problemas de otro tipo», en relación con los debates territoriales de Cataluña.
