El recuento judicial de las entradas vendidas en la fiesta de Halloween celebrada en el Madrid Arena, que se cobró la vida de cuatro jóvenes (otra sigue en estado muy grave), concluyó ayer con la apertura de las ocho cajas, que contenían un total de 16.781 boletos vendidos. Esta cifra supone un 58 por ciento más del aforo permitido en ese pabellón.
Así lo indicaron los abogados que representan a las familias de dos de las chicas fallecidas tras concluir el recuento, que tuvo lugar en la sede de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. De esta forma, los 16.781 tickets hallados superan con creces la capacidad permitida de 10.600 asistentes en dicho recinto y las 9.650 entradas que Miguel Ángel Flores, propietario de DivierTT, la sociedad encargada de la fiesta, aseguró en sedes policial y judicial haber vendido. A pesar de esa declaración, el empresario manifestó también que se emitieron 17.500 entradas y que se podrían haber colado cerca de 4.000 personas que provenían del botellón que se celebró en las afueras del recinto.
A la salida del recuento, el letrado Felipe Moreno, que defiende a la familia de Rocío Oña, recalcó que «ha mentido tanto el organizador del evento como las personas que hasta ahora han declarado», en alusión a Carlos Manzanares, el dueño de Kontrol 34.
Por su parte, el abogado Abdon Núñez, que representa a la familia de Belén Langdon, recordó que en las puertas de emergencia que se abrieron para permitir el acceso de más gente al recinto «no había urnas, porque estaban en la puerta principal. Así que quien no entró por el lugar oficial, no está contabilizado». Además, acusó a DivierTT de trasladar las cajas con las entradas para esconderlas y explicó que no tiene ninguna duda de que la Policía no manipuló las pruebas: «La cadena de custodia comenzó cuando los agentes localizaron los recipientes».
Por otro lado, el juez Eduardo López, que instruye el caso, autorizó una reconstrucción en el pabellón municipal para que los letrados personados en el proceso conozcan in situ dónde se produjeron las avalanchas la noche del 31 de octubre durante la celebración de la fiesta de Halloween.
La petición corre a cargo de las acusaciones particulares, tras la emisión de varios vídeos que muestran cómo una persona abrió varias puertas de emergencia para que pudiera acceder más gente al recinto. En las imágenes se aprecia la apertura de dos caminos por parte de personal de Kontrol 34, ataviados con chalecos amarillos, que conducen a pasillos de evacuación del recinto, situados en la planta 1 y en la planta 0.
«Queremos saber cómo pasaron las cosas y dónde. Queremos ir al recinto para ver lo que muestran las imágenes grabadas. Los vídeos están tomados desde diferentes ámbitos», indicó uno de los letrados.
Mientras, el enfrentamiento político por este caso continúa. Ayer la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, afirmó que los recintos, como el Madrid Arena, «son seguros tanto en cuanto se respeten las normas de seguridad» ya que, de lo contrario, pueden derivar en situaciones como la vivida en Halloween.
A una pregunta de UPyD en la sesión de control en el Pleno ordinario, la primera edil insistió en que ese recinto municipal «era y es un lugar seguro pero, por desgracia, cualquier instalación puede convertirse en escenario de un trágico suceso, sobre todo cuando se utiliza mal».
«Habría que saber quién es el responsable de que se utilice mal», contestó el portavoz de UPyD, David Ortega, que recordó la existencia de una denuncia de la Policía Nacional, fechada el 3 de diciembre de 2006, que señalaba que el Madrid Arena «no tenía licencia de funcionamiento.
En cuanto a la comisión de investigación del Consistorio de la capital, las acusaciones particulares criticaron que ese órgano municipal parezca «más una reunión de amigos» y acusaron a algunos de sus comparecientes de ocultar la verdad, con relación a la intervención del jefe de la Policía.
