El titular del Juzgado número 2, donde se instruye el caso por las prejubilaciones de los directivos de Caja Segovia, toma declaración mañana a José Francisco Santos, ex director de auditoría de la entidad de ahorro; y a María Eugencia Fernández Villarán, auditora de la empresa consultora KPMG. El magistrado les llama a ambos en calidad de testigos.
De este modo, el juez ha atendido la petición realizada por Jesús Tovar, abogado de Elena García Gil, antigua consejera y ex secretaria del Comité de Retribuciones de Caja Segovia. Con esta citación el juez quiere poner claro sobre oscuro en el asunto de las prejubilaciones que denunció en su día la formación política UPyD, por considerarlas millonarias, y excesivas respecto el rumbo que estaba tomando la entidad de ahorro. De acuerdo con los datos aportados por el abogado de UPyD, Andrés Herzog, se elevan a más de 34 millones de euros los que presuntamente han recibido o recibirán ocho directivos en concepto de prejubilaciones o planes de pensiones.
Este caso es uno de los dos que se están instruyendo en los tribunales segovianos de forma paralela. El otro se refiere a la hipoteca del Torreón de Lozoya y otros inmuebles, y lo tramita el Juzgado número 5.
Las comparecencias de los dos auditores de esta semana comenzarán a las 10:00 horas de mañana miércoles en la Sala de Vistas de la Audiencia Provincial, si bien, en las anteriores citas se buscaron otros emplazamientos para dar cabida a todos los representantes que se han personado en la causa, y donde no sólo se encuentran los partidos políticos como UPyD o IU, sino también los antiguos empleados de la entidad de ahorro.
En la misma providencia judicial en la que se realizan las citaciones se admite la personación de IU, formación a la que le exige una fianza de mil euros, tal como anunció este periódico. Y también se rechaza la de la Fundación Caja Segovia por entender que esta institución “no es una entidad con personalidad jurídica distinta a la de Caja Segovia, que ya está personada, continuando pues dicha entidad con la nueva denominación”.
Los interrogatorios se suman a los que hace apenas un mes se sometieron el expresidente y el exvicepresidente de Caja Segovia, Atilano Soto y Manuel Agudíez, el pasado lunes 13; el ex director general, Manuel Escribano, y la ex secretaria del Comité de Retribuciones, Elena García Gil, el martes 14; la del ex secretario general el miércoles 15, Antonio Tapias.
Los primeros defendieron que las prejubilaciones y retribuciones millonarias concedidas a ocho exdirectivos se aprobaron “con total transparencia” y en un momento en el que la extinta entidad financiera, hoy integrada en Bankia, estaba “perfectamente saneada” y presentaba “grandes beneficios”. También defendieron que las decisiones de plantear seguros e indemnizaciones tuvieron el respaldo de los órganos de gobierno.
Todos los imputados se negaron a responder a las acusaciones particulares y, a preguntas del Ministerio Fiscal, rechazaron cualquier responsabilidad penal en la causa abierta por la denuncia que presentó UPyD a finales de 2011.
Ahora, además de las preguntas que les haga el juez Jesús Marina Reig, los dos auditores llamados a declarar mañana también deberán someterse a las cuestiones que les planteen las acusaciones particulares.
