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El Juzgado número 2 envía el caso de las prejubilaciones a la Audiencia Nacional

por Redacción
11 de diciembre de 2012
El abogado Luis Rodríguez acompaña a Atilano Soto

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El Juzgado considera que la Audiencia Nacional ha admitido ya a trámite la causa también presentada por la formación magenta contra conductas que podrían ser delitos de apropiación indebida y administración desleal, y ha llevado ya a cabo actuaciones de instrucción para investigar posibles conductas de graves repercusiones y desarrolladas en diversos territorios del país.

El auto está firmado por el juez Moisés Guillamón Ruiz, que ha sido designado para trabajar junto al magistrado Jesús Marina Reig, en este Juzgado, que también se ocupa de los asuntos de lo Mercantil. En su resolución señala que se remitirá al Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional el testimonio de las actuaciones al considerar que el conocimiento de la causa no le corresponde.

Investigación paralela

En el caso el Juzgado considera que no es competente objetivamente para la continuación de la instrucción del presente procedimiento, por estar siendo investigado en la Audiencia Nacional ante el Juzgado Central número 4 aun no siendo reclamado por las partes ni por el Fiscal.

En este sentido, hacen especial énfasis en que según el artículo 65 LOPJ establece que “la sala de lo penal de la Audiencia Nacional conocerá defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia”.

Precisamente, una semana antes de que se dictase dicho auto, el Juzgado número dos recibió una carta del último director general de Caja Segovia, Fernando Tapias, afirmando no disponer de la información que le había solicitado el 3 de octubre, sobre las retribuciones del comité de dirección entre 2004 y 2007, la normativa sobre estos pagos y la explicación sobre incrementos superiores al 10 por ciento de determinados empleados.

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