Los agentes de la Guardia Civil que elaboraron el atestado del accidente de autobús ocurrido el pasado 8 de julio en la localidad abulense de Tornadizos, así como los supervivientes a los que se lo permita su estado de salud -en torno a una veintena de pasajeros, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León-, están llamados a declarar como testigos desde mañana martes, 6 de agosto, citados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ávila.
La información procesal que maneja el nuevo abogado del conductor del autobús, Miguel Bernal, contempla que las declaraciones, en las que el letrado estará presente, durarán entre el 6 y el 8 de agosto.
Bernal no quiso adelantar sus expectativas sobre las declaraciones ya que aún no ha podido mantener una «entrevista tranquila» con su cliente, Ramón G.S., debido a que su estado psicológico está «bajo mínimos». El letrado explicó que el chófer se encuentra «sometido a vigilancia y tratamiento médico», por lo que tampoco se ha procedido hasta ahora a realizarle las pruebas periciales médicas solicitadas por la Fiscalía para acreditar su estado psicofísico.
Respecto a la declaración de los agentes de atestados, a los que, según trascendió, el propio conductor reconoció instantes después del accidente que se había quedado dormido, el abogado dice «desconocer el alcance de tal declaración» al entender que no le corresponde a él valorarla sino a la juez. No obstante, insiste en que en la única declaración «negro sobre blanco», Ramón G.S. negó ante la juez tal circunstancia. Según su declaración, «no ha dicho que se quedara dormido», reiteró el letrado.
El chófer dio negativo en la prueba de alcoholemia y otras sustancias y tampoco vulneró el límite de velocidad establecido en el tramo de la N-403, en el puerto de La Paramera, en el que se produjo el accidente. Así lo confirmó su anterior letrado, Juan Antonio González Agüero, que aseguró que el tacógrafo había revelado que «circulaba a menos de 80 kilómetros por hora».
El letrado subrayó el delicado estado psicológico del chofer que, desde el primer momento, contó con el apoyo de la localidad de Serranillos (Ávila) en la que reside. «Es un hombre normal, con una familia, que ha tenido un accidente de tráfico», expresó Bernal.
Ramón G.S. se encuentra en libertad provisional, comunicada y sin fianza, y es investigado por nueve posibles delitos de homicidio imprudente. Como medida cautelar, la juez le prohibió conducir vehículos mientras dure la tramitación de la causa y decretó la obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.
Mientras tanto, el equipo de atestados de Ávila continúa la elaboración del informe técnico sobre el accidente que aún tardará en completarse, puesto que ni siquiera se ha inspeccionado el autobús siniestrado. La juez solicitó la intervención judicial del vehículo para estudiar su estado mecánico -había pasado la ITV unos 15 días antes del accidente- y custodiarlo durante la instrucción para evitar la destrucción de pruebas.
