El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Segovia ha ordenado, a través de un auto judicial, el archivo del procedimiento penal sobre el caso de la reforma de la vivienda de la excompañera sentimental del ex concejal socialista de Urbanismo, Juan Cruz Aragoneses. Se trata del segundo auto emitido por este mismo juzgado que ordena archivar la denuncia penal por entender que Aragoneses no cometió ningún delito urbanístico en la reforma de la vivienda. Además los dos pronunciamientos, de contenido similar, emitidos con un lapso de un año, han sido firmados por dos jueces distintos.
La denuncia forzó al que fuera primer teniente de alcalde a presentar su dimisión, en julio de 2010, «por coherencia personal y política» y para no perjudicar al equipo de Gobierno por unos hechos «ajenos a mi voluntad», según dijo entonces Aragoneses.
El magistrado Jesús Marina Reig ordenó archivar el procedimiento en febrero de 2012, si bien, siete meses después, otro juez, Moisés Guillamón Ruiz, estimó, íntegramente, el recurso presentado por la Fiscalía, y ordenó reabrir la investigación, en el argumento de que no se habían realizado unas pruebas que habían sido admitidas y que era preciso contar con informes de la Comisión Territorial de Patrimonio y del Ayuntamiento de Segovia.
En el auto dictado ahora, tras tres años de investigación, el juez Moisés Guillamón coincide con su compañero en la judicatura, Jesús Marina Reig, autor del primer pronunciamiento sobre el caso, y ordena archivar la denuncia penal al entender que la actuación no reviste las características de un delito contra la ordenación del territorio. Contra este tercer auto los denunciantes cuentan con un plazo de tres días desde la notificación para presentar un recurso de reforma ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Segovia; y de cinco días si optan por presentar uno de apelación ante la Audiencia Provincial. Al existir dos autos similares dictados por dos jueces distintos todo indica que el recurso tiene pocos visos de prosperar, según explicaron fuentes judiciales consultadas por este periódico.
Contra Aragoneses y su expareja sentimental, Felisa Borrego, pesaba una denuncia como presuntos autores de un delito contra la ordenación del territorio por las presuntas irregularidades cometidas en la reforma de la vivienda construída, en suelo protegido, en la calle San Vicente el Real. La denuncia penal había sido interpuesta por Tomás Sanz y Javier Lobo, arquitecto y aparejador implicados en el caso de los ‘miniapartamentos ilegales’ junto al Eresma, promovidos por la empresa «Hontanilla de Santo Domingo», que estaba participada por el concejal del PP Ángel Sancho y el exdiputado popular Manuel González Herrero. Los denunciantes alegaron que las obras de reforma de la casa habían destruido parte del trazado de la cacera de regantes de Enrique IV, en el barrio de San Lorenzo, un bien jurídico protegido, lo que suponía, en opinión de los demandantes, la comisión de un delito contra la ordenación del territorio.
Practicadas todas las pruebas y peritajes pendientes y solicitados por el fiscal, y con los informes del Ayuntamiento y de la Comisión de Patrimonio, el juez sostiene en su auto que las obras no han alterado ninguno de los bienes jurídicos protegidos, como la cacera de regantes, el monasterio de San Antonio El Real, declarado BIC, y las vistas protegidas del Alcázar, de la Alameda del Parral y del arbolado del entorno de Segovia. Según fuentes cercanas al letrado defensor de Aragoneses, para este pronunciamiento ha pesado el rotundo informe de la Comisión Territorial de Patrimonio, las conclusiones de los distintos informes periciales realizados in situ , en la propia finca, y testimonios como el del presidente de la comunidad de regantes de San Lorenzo, que aseguró que la cacera discurría por otra parcela, a 25 a 30 metros de distancia de la casa de Aragoneses. Además la Fiscalía, según estas mismas fuentes, da por buenas las instrucciones realizadas.
Si los denunciantes no presenten recurso a este auto y, en consecuencia, se haga firme el archivo de la causa penal, el Ayuntamiento de Segovia podrá abrir la vía administrativa para desbloquear los expedientes de reposición de la legalidad y sancionador.
‘Dimití para poder defenderme’
El exconcejal, Juan Cruz Aragoneses, eludió ayer valorar el último auto del juzgado. “Hay que respetar de forma absoluta la palabra de la justicia, nada más”, dijo ayer.
Aragoneses evitó ayer cualquier manifestación sobre el último auto del juzgado y, como en ocasiones anteriores, se limitó a señalar que “hay que respetar la palabra de la justicia”, nada más”. Tan solo añadió que renunció a su acta de concejal en 2010 “para poder defenderme, facilitar las investigaciones y que no se perjudicara al equipo de Gobierno en el Ayuntamiento”.
Aragoneses presentó en julio de 2010 su renuncia al acta de concejal «por coherencia personal y política». Entonces argumentó que había sido una decisión “meditada” que «he tomado con la conciencia tranquila de haber ejercido mi labor como concejal con honradez y lealtad» al Ayuntamiento de Segovia y «sabiendo que hechos ajenos a mi voluntad pueden afectar a las actuaciones futuras del equipo de Gobierno».
Aunque la licencia la solicitó la compañera sentimental del concejal, el PP, en la oposición, denunció la existencia de indicios sobre «irregularidades urbanísticas graves» en la reforma de la casa de Aragoneses y su pareja, puesto que se habrían ejecutado obras no ampararas por la licencia, para lograr un aumento en el volumen de la edificación, que se sitúa en suelo rústico protegido.
A petición propia, el 4 de junio de 2010, Aragoneses fue relevado temporalmente de sus funciones como edil de Urbanismo tras la denuncia presentada contra él y su pareja. El 13 de octubre de aquel año, después de que el grupo socialista rechazara la propuesta del PP de que se abriera una Comisión de Investigación para esclarecer los hechos, el alcalde, Pedro Arahuetes, firmó un decreto para que el Ayuntamiento se personara como acusación particular en el procedimiento judicial.
