Hace pocos días se confirmaba la reelección de Julio Sanz como decano del Colegio de Abogados e inicia un segundo periodo al frente de los letrados de la provincia. Enhorabuena porque, además, el hecho de que no se presentase otra candidatura, de algún modo respalda el trabajo realizado en los años anteriores.
Quiero pensar que sí. Frente a estas cuestiones te planteas si esto ocurre porque se han hecho bien las cosas o porque se han hecho mal. Yo quiero pensar lo primero, que hay una aceptación del trabajo realizado. Los compañeros han podido advertir en este tiempo que tanto yo como los restantes miembros de la junta de gobierno somos gente del día a día, gente muy próximos a ellos, que hemos escuchado a los compañeros que han planteado cuestiones y hemos procurado responder a los conflictos que día a día viven los abogados, ayudar, atenderlos en cuanto sea posible.
¿Satisfecho entonces?
Para mí es un auténtico honor y desde la responsabilidad intentaremos dignificar en lo posible la profesión y representar a los compañeros con lealtad. En esa línea nos vamos a seguir moviendo.
Vivimos un momento difícil para los ciudadanos en general y también para el ejercicio de la abogacía. Los abogados están protagonizando una fuerte oposición a la Ley de tasas. Una abogada colegiada en Segovia, Eva Martín, ha remitido por correo electrónico esta cuestión: Quería aprovechar esta plataforma para que hicieras hincapié en la inconstitucionalidad de las tasas, en que pusieras ejemplos concreto de lo que supone, y lo que los administrados tendrán que pagar, por un servicio público que tendría que ser gratis, como lo era hasta ahora.
La Ley de Tasas afecta directamente, no tanto al corazón de la profesión, que también, pero sobre todo a los ciudadanos. Quiero aclarar que las tasas no son para los abogados; es decir, nos llegan noticias de que hay ciudadanos que piensan que las tasas las vamos a abonar los abogados. No. La tasa significa que quien quiera acudir a un juzgado tiene que pagar antes de plantear su problema.
¿Y eso es inconstitucional?
Al igual que esta colegiada yo también pienso que la Ley de tasas es inconstitucional y de hecho la Abogacía tiene ya solicitada a la Defensora del Pueblo —y ha constituido una plataforma con sindicatos y con la OCU— que se plantee la cuestión de inconstitucionalidad. ¿Por qué es inconstitucional? Porque impide el acceso de todos los ciudadanos a los tribunales. Afecta de plano y de lleno a lo que se llama principio de tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la Constitución; es decir el derecho de todo ciudadano a plantear su problema ante los tribunales de justicia. ¿y por qué es ahora anticonstitucional? Las tasas ya existían y hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2003 que dice que son constitucionales pero resuelve un conflicto en un problema estrictamente civil y para decir seguidamente que será constitucional siempre que no cause desproporción a los ciudadanos que les impida su acceso a la justicia. ¿Qué ocurre con la nueva Ley? Primero, que afecta a todos los órdenes jurisdiccionales. Por poner un ejemplo, la jurisdicción social —los asuntos que entiende un juzgado de lo social son los conflictos de empleados con sus empresas— históricamente siempre fue gratuita. Pues ahora los recursos a las sentencias de los juzgados de lo social van a devengar una tasa de 500 euros. Claro, esto es un tanto disparatado. En el orden contencioso-administrativo, por ejemplo una multa de cien euros, que tenga que defenderse en un juzgado de lo contencioso, aquí la tasa son 200 euros. El sentido común apunta que quien tenga que abonar una multa no va a gastarse 200 euros en reclamar en el juzgado antes de empezar. En las apelaciones civiles o de cualquier otro tipo la tasa asciende a 800 euros, en los procedimientos de familia podrían llegar a 1.200 euros.
¿Qué medidas están tomando ante esta normativa?
Esto es tan disparatado que el ministro ha logrado ponernos a todos de acuerdo, a todos los sectores que nos movemos en el ámbito de la justicia: jueces, fiscales, abogados… porque en efecto vemos que esto va a ser un antes y un después, una vulneración de la Constitución, un atentado y una afrenta directa al corazón del estado de derecho. Yo creo que supone o puede suponer un desmantelamiento del servicio público de la justicia y, desde luego, como colofón de todo ello, creo que la Ley de Tasas no va a resolver los problemas de la Administración de Justicia. Va a impedir que muchos ciudadanos puedan plantear sus problemas, especialmente las clases medias. Los ciudadanos que acuden a los juzgados a plantear sus problemas de comunidad de vecinos, de familia, de reclamaciones, etc. son los principales afectados.
Para hoy mismo —por el 12 de diciembre— esos colectivos que ha mencionado han convocado un paro de una hora.
Ha habido una convocatoria de la comisión interasociativa de jueces y fiscales de paro en toda España de una hora, entre las doce y la una, con concentraciones ante las sedes judiciales, En Segovia el Colegio de Abogados, por acuerdo previo de la junta de gobierno, se ha adherido.
Además, el día 14 estaré en Madrid en una reunión del Consejo general de la Abogacía y supongo que se concretarán más medidas. Sí puedo añadir que en este momento estamos recogiendo firmas en los colegios de abogados de ciudadanos para expresar la disconformidad con este disparate que supone la nueva ley, también se está trabajando en el recurso de inconstitucional y los abogados estamos recibiendo comunicaciones de la Abogacía institucional para que en nuestros escritos podamos solicitar a los jueces que planteen cuestiones de inconstitucional.
El ministro de Justicia dice que legisla para el interés general, apunta al corporativismo de los colectivos que protestan.
Habla de interés genera de forma engañosa porque la Ley, insisto, no resuelve los problemas de la Administración de Justicia. Los problemas van a seguir siendo los que son, porque la falta de medios y recursos materiales y humanos es un mal endémico que nunca la política quiso saber de ello en los últimos años. Solo va a provocar una justicia de ricos y una justicia de pobres, en detrimento del derecho de estos últimos.
Es engañosa también porque el ministro está intentando justificar que con la Ley se financiará la justicia gratuita, que forma parte del servicio público y como tal se tiene que financiar a través de los presupuestos generales del estado. Por una razón elemental: porque así ocurre en toda Europa y hay sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que apuntan que la justicia gratuita es un gasto del estado.
