Antona manifestó esta mañana su “satisfacción” por esta resolución judicial, que conoció ayer mismo y contra la que cabe un recurso de apelación en el plazo de tres días. “El juez ha entendido que no hay indicios de delito en mis manifestaciones, yo soy una persona muy tranquila, aunque siempre queda una inquietud, sobre todo en el entorno familiar (…) con este auto te quitas un pequeño peso de encima”, confesó Antona, que compareció esta mañana para hacer un balance de las mesas de diálogo abiertas entre el Gobierno local y la oposición sobre los asuntos más importantes de la ciudad.
Conde Arambillet presentó la querella, el pasado 5 de agosto, después de que en un pleno, celebrado el 31 de julio de 2008, Antona le acusara a él y a la que fuera también gerente de la empresa municipal de suelo y vivienda (Evisego), Esther Mate, de cometer, según el popular, un delito societario al silenciar durante al menos seis meses ante el Consejo de Administración de la empresa pública un doble pago de 1,7 millones a la constructora Urazca, inmersa en un concurso de acreedores.
Según recoge el auto dictado por el juez Jesús Martínez Puras, al que ha tenido acceso este diario, la “imputación” que realizó Antona en el pleno “no puede constituir un delito de calumnia, pues se exige que se haga con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, lo que no es posible atribuir al querellado”. En este sentido, el juez considera que Antona “en su condición de defensor de la moción” presentada por el
PP “hace aquella afirmación con base en unos hechos absolutamente veraces”, en referencia a que Conde Arambillet, cuando ocupaba la gerencia de Evisego, “no informó al presidente de Evisego ni al Consejo de Administración” de que se había producido un doble pago del Banco de Santander” a la empresa constructora de las viviendas municipales de alquiler de la calle Bomberos.
Asimismo, el juez no aprecia que la intervención de Antona en el pleno estuviese destinada a difamar a Conde Arambillet “ni siquiera con la imputación de comisión de delito societario, sino más bien a criticar la posición del alcalde por no aceptar las dimisiones y haber mantenido en sus cargos a los gerentes de Evisego tras conocer que no le habían informado durante meses del doble pago”.
El auto subraya que Antona estaba “ejerciendo su derecho de crítica política por una determinada actuación que afectaba a los intereses públicos de la corporación municipal, al amparo de las libertades de expresión y de información consagradas en el artículo 20 de la Constitución”.
Antona ha señalado que la querella presentada por Conde Arambille solo perseguía ejercer una “presión” contra los miembros del grupo municipal del
PP para “dificultar la investigación” del denominado “caso Evisego” por el error del doble pago.
“Mis afirmaciones no perseguían perjudicar a nadie, se hicieron dentro de un duro debate político y así lo ha entendido el juez”, ha asegurado Antona, quien ha insistido en que la querella “se presentó para presionarme a mi y a mi grupo, pero no lo han conseguido, desconocían que los miembros del
PP no nos amedrentamos fácilmente”.
