El magistrado presidente hizo entrega ayer del objeto del veredicto al tribunal del jurado que decidirá sobre la culpabilidad o no de las tres acusadas de acabar con la vida de la que fuera presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco, Montserrat González, autora confesa, su hija Triana Martínez, y la policía local Raquel Gago.
Se trata de un cuestionario que consta de 84 preguntas sobre las circunstancias en las que se produjo en crimen y la implicación de cada una de las tres acusadas en los hechos que se juzgan.
Tendrán que establecer si la muerte de Isabel Carrasco fue intencionada y si se produjo de forma sorpresiva y por la espalda, sin que la víctima tuviera la ocasión de defenderse, lo que implicaría que se produjo con alevosía y, por tanto, sería considerado como un asesinato.
El jurado también tendrá que determinar si existió atentado a la autoridad, ya que la víctima ostentaba el cargo de presidenta de la Diputación leonesa en el momento del crimen.
Los nueve miembros del jurado también tendrán que decidir sobre el delito de posesión de armas de fuego que se imputa a las tres acusadas y de la agravante que podría suponer que tanto el revólver que fue utilizado en el crimen, como la pistola que se encontró en casa de Triana, tuvieran los números de serie borrados.
En el caso de Raquel Gago, el jurado también tendrá que fijar si es culpable de haber ocultado el revólver usado por Montserrat González para disparar y matar a la política leonesa.
Asimismo, el jurado tendrá que decidir si aplicar a Montserrat la eximente incompleta de anomalía o alternación psíquica que solicita su defensa, lo que supondría una importante rebaja en la pena de prisión. Además, también tendrán que determinar, en el caso de madre e hija, si podrían ser beneficiarias de una atenuante por reparación parcial del daño, ya que han consignado 77.622 euros como indemnización a los familiares de la víctima.
Otra de las agravantes a las que se enfrentan, en este caso las tres acusadas, es la de disfraz que se aplicaría a Montserrat por ser ella quién se ocultó con gorra, gafas, parca y un foulard para cometer el crimen, pero también a Triana y a Raquel por el beneficio que podrían haber obtenido con esta ocultación.
Por último, el jurado también tendrá que tener en cuenta, de considerar a Raquel Gago culpable, la atenuante de confesión por haber entregado el arma homicida antes de que la investigación se dirigiese contra ella.
Para declarar la culpabilidad de las acusadas es necesario que así lo determinen siete de los nueve miembros del jurado, mientras que para considerar a cada una de ellas no culpable se necesitan cinco de los nueve votos.
Lo mismo ocurre en el caso de las 84 preguntas del cuestionario, cuya respuesta tendrá que ser aprobada por siete de los nueve miembros del jurado en el caso de las cuestiones no favorables a las acusadas; pero por cinco de los nueve en el caso de las favorables.
El magistrado presidente, Carlos Álvarez, insistió a los miembros del jurado en que “en caso de duda” su decisión siempre tendría que ser “en sentido más favorable” a las acusadas. “Esto supone que para tener probado un hecho deben alcanzar un grado de convencimiento más allá de toda duda razonable, que es aquella que tendría cualquier persona adulta e inteligente”, precisó el magistrado.
La Fiscalía y las acusaciones solicitan para las tres acusadas una pena de 22 años de prisión por considerarlas autoras de un delito de asesinato en concurso con atentado, más un delito de tenencia ilícita de armas. Concretamente, piden 19 años en el caso del asesinato en concurso con atentado más tres por tenencia ilícita de armas.
No obstante, el fiscal, siempre apoyado por las acusaciones, ofreció otras alternativas al jurado, una de ellas que Raquel y Triana sean acusadas de cómplices, delito penado en este caso con 12 años, y otra que afectaría únicamente a la policía local, que podría ser declarada culpable de encubrimiento, con tres años de prisión. A estas dos alternativas habría que sumar también el delito de tenencia ilícita de armas con tres años de privación de libertad.
