El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz impuso ayer al extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchís una fianza de ocho millones de euros para cubrir la responsabilidad civil que podría derivarse en un futuro juicio tras encontrar indicios que ponen de relieve que ayudó al exsenador Luis Bárcenas a «ocultar» los fondos «de procedencia indiciariamente ilícita» que tenía en Suiza.
En un auto notificado ayer, el instructor del caso Gürtel sostiene que el que fuera responsable de las finanzas del PP entre 2008 y 2009, utilizaba la cuenta que la sociedad Brixco, propiedad de Sanchís, mantenía en el HSBC de Nueva York para evadir una parte de sus fondos en Ginebra, que llegaron a alcanzar hace un lustro los 48 millones de euros.
De la instrucción también se puede inferir que Sanchís, imputado como cooperador en un delito de blanqueo de capitales, ayudó a su amigo a «ocultar el verdadero origen del dinero, así como su real propietario», para después dotarles de una «apariencia formalmente lícita» y «repatriar una parte de los fondos» a través de varias de sus sociedades.
Ruz, que eleva el dinero evadido por Bárcenas con ayuda de Sanchís a seis millones de euros y le suma la tercera parte establecida en la ley para fijar la responsabilidad civil en ocho millones, acuerda el comiso de los bienes que provengan del delito y las ganancias que se hubieran obtenido en estas operaciones.
La reacción de Sanchís fue de satisfacción. «Estoy muy contento, la pagaré enseguida», afirmó. Y es que su defensa recordó que la imposición de la fianza fue reclamada el pasado 15 de octubre por esta parte para que las cuentas bancarias de la productora de cítricos La Moraleja, de la que es propietaria su familia, fuesen desbloqueadas. En concreto, el extesorero de AP ofrecía como aval 7.585.978 acciones de sus empresas familiares, que estarían valoradas en más de 27 millones de euros, y advertía de que, de seguir así, la firma podría verse abocada a la «disolución». La defensa sostiene que el dinero que Bárcenas desvió desde sus cuentas en Suiza hasta Brixco forman parte de un préstamo que le hizo para desarrollar sus actividades empresariales.
Mientras, la Fiscalía de Madrid se opuso a que los Juzgados de Plaza Castilla investiguen la destrucción de los discos duros de dos ordenadores utilizados por el que fuera senador entre 2004 y 2010. Se entiende que no hay indicios de la comisión de delitos de daños informáticos y encubrimiento.
Además, el juez Ruz encontró una nueva cuenta del extesorero en Estados Unidos que éste habría utilizado para pagar los estudios en Nueva York de uno de sus hijos, así como para «reintegrar de modo opaco» sus fondos.
Por otra parte, se ha determinado que un policía nacional vigile el acceso al portal del edificio donde se ubica el domicilio de Bárcenas, donde sigue residiendo actualmente su familia, y que fue violentado la semana pasada por un perturbado mental que la retuvo reclamándole los pen drives para «acabar así con el Gobierno».
