El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Segovia ha acordado el archivo del procedimiento penal sobre el caso de la reforma de la vivienda de la ex compañera sentimental del ex concejal de Urbanismo, Juan Cruz Aragoneses, construída en terrenos propiedad del entonces edil. La denuncia forzó al que fuera también primer teniente de alcalde a presentar su dimisión “por coherencia personal y política”,y para no perjudicar al equipo de Gobierno por unos hechos “ajenos a mi voluntad”, según dijo entonces.
Tras más de un año y medio de investigación, el auto, al que ha tenido acceso EL ADELANTADO, declara terminada la instrucción, niega la apertura de nuevas diligencias y decreta el archivo provisional del procedimiento al entender que la actuación no reviste las características de un delito contra la ordenación del territorio.
Contra Aragoneses y su ex pareja sentimental, Felisa Torrego, pesaba una denuncia como presuntos autores de un delito contra la ordenación del territorio por las presuntas irregularidades cometidas en la reforma de la vivienda construída , en suelo protegido, en la calle San Vicente el Real.
El magistrado Jesús Marina Reig sostiene que “ya se han realizado suficientes diligencias para concluir que no estamos ante un hecho con connotaciones suficientes de relevancia penal, que superen la simple infracción administrativa, en su caso”.
La denuncia penal había sido interpuesta por el arquitecto y el aparejador implicados en el caso de los “miniapartamentos” ilegales junto al Eresma, promovidos por la empresa “Hontanilla de Santo Domingo”, que estaba participada por los concejales del PP, Ángel Sancho y Manuel González Herrero.
Entonces, los denunciantes alegaron que las obras de reforma de la casa habían destruído una cacera de regantes, un bien jurídico protegido, lo que suponía, a juicio de los demandantes, la comisión de un delito contra la ordenación del territorio. Sin embargo, el magistrado desmonta en el auto el argumento, subrayando que “no se afecta a la cacera” y que “existen divergencias acerca de las licencias, obras y mediciones que no afectan al bien jurídico protegido en el Código Penal”. En consecuencia, al no apreciar delito, el juez dicta el sobreseimiento provisional del procedimiento. El archivo de la denuncia penal permitirá al Ayuntamiento abrir la vía administrativa y, en consecuencia, “desbloquear” los expedientes de reposición de la legalidad y sancionador.
Aragoneses presentó en julio de 2010 su renuncia al acta de concejal «por coherencia personal y política». Entonces argumento que había sido una decisión “meditada” que «he tomado con la conciencia tranquila de haber ejercido mi labor como concejal con honradez y lealtad» al Ayuntamiento de Segovia y «sabiendo que hechos ajenos a mi voluntad pueden afectar a las actuaciones futuras del equipo de Gobierno».
Aunque la licencia la solicitó la compañera sentimental del concejal, el PP, en la oposición, denunció la existencia de indicios sobre «irregularidades urbanísticas graves» en la reforma de la casa de Aragoneses y su pareja, puesto que se habrían ejecutado obras no ampararas por la licencia, para lograr un aumento en el volumen de la edificación, que se sitúa en suelo rústico protegido.
A petición propia, el 4 de junio de 2010, Aragoneses fue relevado temporalmente de sus funciones como concejal de Urbanismo tras la denuncia presentada contra él y su pareja. El 13 de octubre de aquel año, después de que el grupo socialista votara en contra de la propuesta del PP de que se abriera una Comisión de Investigación para esclarecer los hechos, el alcalde, Pedro Arahuetes, firmó un decreto para que el Ayuntamiento se personara como acusación particular en el procedimiento judicial abierto a raíz de la denuncia contra Aragoneses.
