El juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid ha desestimado el recurso presentado por el expresidente balear Jaume Matas contra la derogación de su tercer grado.
Para tomar esta decisión, ha argumentado que en los delitos de corrupción política el fin de la pena «prevalece» y, en ese sentido, «la confianza de los ciudadanos en el propio sistema puede verse afectado por la blandura del castigo».
Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), el juez señala de nuevo que «no hay prueba alguna de la reeducación del recluso», ni «constatación en el cambio de valores». Asimismo, indica cómo entre el auto de la Audiencia de Palma de Mallorca que denegaba la suspensión de la pena y la clasificación en tercer grado, lo único que media es «una petición de indulto de resultado frustrado», un ingreso en prisión en régimen ordinario «por escaso tiempo» y una «escasa participación en actividades».
Además, frente al argumento esgrimido por la defensa de Jaume Matas de no considerar los procedimientos del interno anteriores al ingreso en prisión, el auto del magistrado recuerda que la ley prevé casos en los que estos procedimientos «sí que se contemplan», por lo se puede incluso aplicar el régimen cerrado a los presos preventivos.
Por ultimo, y en relación a los padecimientos del interno, en el auto se apunta que padecimientos «de mucha más entidad» que los del interno —incluso con riesgo vital— son «tratados a diario por tales cauces».
Es más, el auto señala que la atención médica de la población penitenciaria «es mucho más intensa que la de la población en general», y pone como ejemplo el Centro Penitenciario de Segovia, donde cumple su pena el expresidente balear, que con una población de menos de 400 internos cuenta, para la asistencia primaria, con cuatro médicos en plantilla, además de un subdirector médico, una atención sanitaria «impensable para un ciudadano en libertad».
Fuentes del TSJCyL han confirmado que Jaume Matas puede recurrir en apelación ante la Audiencia de Palma de Mallorca contra la decisión del juez de Vigilancia Penitencia de Valladolid.
